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Andalucía

Los directores gerentes del SAE piden el archivo de la causa porque actuaron "conforme a Derecho"

El SAE denuncia "la intencionalidad impropia" de la denuncia de los exasesores Menta y aporta 54 documentos que la "desmontan"

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El director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Samuel Coca Blanes, y su antecesor en el cargo y actual director general de IDEA, Antonio González Marín, han solicitado el archivo de la denuncia presentada por un colectivo de 18 de los 413 ex asesores de Empleo Memta porque los hechos que les atribuyen "no son ciertos" y actuaron "conforme a Derecho" y "velando por los intereses de los trabajadores".

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en sus comparecencias ante la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, ambos han puesto de manifiesto claramente la "intencionalidad impropia" de la denuncia presentada contra ellos, así como "la ausencia de interés legítimo de los denunciantes" para formular las acusaciones contenidas en la misma.

   Ambos han aportado al Juzgado 54 documentos oficiales que "desmontan" las acusaciones de los exasesores, que fueron despedidos en diciembre de 2012 como consecuencia de los "recortes" en políticas activas de empleo en el Presupuesto General del Estado, y cuyos despidos "serán declarados improcedentes en firme, una vez se aplique la doctrina del Tribunal Supremo en sus respectivos casos".

   Los directores gerentes del SAE han explicado a la juez que "en ningún caso" esta agencia pública se ha negado a readmitir a los trabajadores "de manera arbitraria e injustificada" cuando cuenta con sentencias de despidos nulos firmes, como denuncian los 18 exasesores, según han indicado las mismas fuentes.

    Asimismo, han calificado de "rotundamente inciertas" la afirmaciones de la denuncia cuando señalan que el SAE readmite arbitrariamente a unos trabajadores sí y a otros no, con sentencias firmes improcedentes, afirmaciones que han sido respaldadas por una "ingente" cantidad de documentos que respaldan la "legalidad de la gestión" del SAE.

   Han señalado que han operado "dentro de la más estricta legalidad", y han puesto de manifiesto el procedimiento jurídico y administrativo seguido en relación con las sentencias del ámbito laboral, surgidas en este caso, y que han contado con la fiscalización de la Intervención General de la Junta de Andalucía y los informes correspondientes de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

   En este sentido, y según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Julio Samuel Coca, que accedió al cargo en julio de 2015, ha señalado que, "partiendo de que las ejecuciones de sentencias en la Administración" se tienen que ajustar "a formas legales y procedimentales previstas, es claro que ninguna readmisión o indemnizaciones pueden acordarse de inmediato o en un día como si fuera una empresa privada".

   Y es que ello "requiere el oportuno procedimiento y aprobación, además de dotación presupuestaria", ha indicado el alto cargo, añadiendo que cuando se incorporó al puesto tuvo conocimiento de que su antecesor "había iniciado todas las gestiones para procurar la suficiente dotación presupuestaria, y de hecho se aprobó una partida de cinco millones de euros para atender el cumplimiento de las ejecuciones firmes que había pendientes".

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA

   A ello se suma que "se habían iniciado los trámites para prever la inclusión en la dotación presupuestaria de 2016 de cuantía suficiente para atender a estos gastos", ha declarado Coca, que ha explicado que "los criterios sobre recurrir o no las sentencias los establece" el gabinete jurídico "sin que ni él ni nadie del SAE interfiera en esas decisiones".

   Así, y tras desistir de algunos recursos, posteriormente "se optó por recurrir dado el sentido de la sentencia de unificación" dictada por el Supremo en abril de 2015 y que "declara improcedente y no nulos tales despidos", por lo que el SAE "estimó oportuno continuar recurriendo al ser muy probable dicho pronunciamiento" en los casos pendientes.

   Tras indicar que "no ha recibido requerimiento de ningún Juzgado para la ejecución de una sentencia bajo los apercibimientos legales" en incidentes de no readmisión, ha declarado que "se ha dado y se siguen cumpliendo todas las sentencias que van siendo firmes, siendo así que la opción por la indemnización en caso de declaración de despido improcedente es el criterio general de la Junta y no solo en este colectivo".

   Según ha añadido Coca, y en base a los datos que ha recabado de los trabajadores denunciantes, "15 tienen un pronunciamiento de despido improcedente, y hasta donde le han certificado están liquidadas o en proceso de liquidación todas las indemnizaciones", mientras que "los otros tres son despidos nulos pero en vía de recurso".

   Por ello, "ha continuado en la línea del anterior director" en cuanto a "velar por el cumplimiento de estas sentencias, siendo así que se logró aprobar partida presupuestaria suficiente para atender a tal fin", punto en el que ha querido dejar claro que, "en todo caso, la opción por la indemnización en caso de despido improcedente siempre está autorizada por los servicios jurídicos de la Junta".

PLAN MEMTA

   De su lado, el ex director del SAE entre junio de 2012 y julio de 2015 y actual director general de la agencia IDEA, Antonio González Marín, ha defendido que actuó "conforme a Derecho y siguiendo los procedimientos legalmente establecidos para la ejecución de las sentencias a que se refieren los denunciantes y en general todas las sentencias dictadas en virtud" de demanda de trabajadores del plan Memta.

   Así, ha explicado que, en el año 2008 y en virtud de una transferencia de financiación directa del Estado que autorizaba el gasto en política de empleo, se pudo contratar a estos trabajadores en el SAE "para cumplir determinadas funciones" en el Memta, destacando que "toda la financiación a tal fin procedía del Estado", no obstante lo cual "en el año 2012 se suprime totalmente dicha financiación y queda sin cobertura", lo cual "implica que necesariamente por el SAE se tuviera que cesar" a estos trabajadores.

   En el caso de los 18 exasesores que han interpuesto la denuncia, "la mayoría --en concreto 15-- no se encuentran en el supuesto de declaración de nulidad, sino de improcedencia, y por tanto han sido indemnizados", mientras que los otros tres que sí tienen pronunciamiento de nulidad "están en vía de recurso en la confianza del gabinete jurídico" de que pasen a ser improcedentes, de los cuales uno además se ha incorporado en ejecución provisional con fecha 12 de febrero de este

año.

   El alto cargo ha dicho, además, que en el ejercicio de su cargo "actuó conforme a Derecho y velando por los intereses de estos trabajadores", de manera que "incluso después de abandonar el servicio estuvo pendiente de que se continuara con las dotaciones presupuestarias".

"NO EXISTE LA MENOR IRREGULARIDAD"

   En sus declaraciones, los dos directores gerentes han explicado que "el criterio del SAE llevado a efecto por todas y cada una de sus direcciones provinciales consistió en optar por la indemnización ante la firmeza de las condenas por despidos improcedentes".

   Igualmente, han aportado a la juez un informe de la actual secretaria general del SAE con la explicación de la legalidad que ha seguido la actuación de esta agencia pública durante todo este dilatado proceso de despido de los exasesores.

   El abogado de González Marín, Juan Carlos Alférez, ha señalado a los periodistas que, "tras las claras explicaciones ofrecidas por lo directores gerentes y tras aportar los rotundos informes y documentos acreditativos de la verdadera situación producida respecto al colectivo Memta, la denuncia queda completamente desmentida al acreditarse que no existe la menor irregularidad, ni tan siquiera administrativa".

   Por ello, "confiamos plenamente en la acción de la justicia y en que la causa termine archivándose en el menor tiempo posible".

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