El fiscal entiende que el alcalde otorgó una licencia de segregación a sabiendas “de la evidente y flagrante contrariedad de la misma”, según la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Efe.
La licencia se otorgó el 4 de enero de 2002 cuando el acusado, en su calidad de presidente del consistorio del municipio, concedió una licencia de segregación en suelo no urbanizable, según la normativa vigente de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
El ministerio público añade en su escrito que el regidor concedió la licencia pese a los informes técnicos y jurídicos desfavorables y que ponían de manifiesto la contrariedad de lo solicitado.
Además, según la acusación pública el alcalde era conocedor de que “tal segregación encubría una auténtica parcelación urbanística, ilegal y en suelo no urbanizable”.
Por todo ello, el fiscal pide la apertura de juicio oral y que durante el mismo testifiquen en calidad de testigos la persona a la que se le concedió la licencia y el secretario del Ayuntamiento, así como el arquitecto técnico municipal, en calidad de perito.
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