Susana Díaz será la última en comparecer ante la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga el supuesto fraude cometido desde 2002 en los cursos de formación convocados por la Junta de Andalucía. Su nombre figuraba ya entre los 69 consensuados por los cinco grupos políticos el pasado día 29, pero el orden en el que acudiría era hasta este martes una incógnita, más aún después de que C’s propusiese que lo hiciese la primera. El resto de la oposición (PP, Podemos e IU) protestó durante las últimas semanas al entender que la formación de Marín trataba de evitar a la presidenta el trance de tener que rebatir, en el epílogo de la primera ronda, las versiones de los 68 testimonios oídos anteriormente. IU incluso advirtió horas antes de que si salía adelante esa propuesta sopesaría abandonar la comisión.
El calendario y el orden de las comparecencias era el único punto del día que debían consensuar los diez diputados, reunidos a puerta cerrada. Pese a la expectación, todas las formaciones coincidían en el “acuerdo” alcanzado por unanimidad y sin sobresaltos, elevado incluso a “sorprendente” por el portavoz de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe. La diputada de Ciudadanos María Bosquet llegó incluso a negar que su partido hubiera propuesto que Díaz fuera la primera en comparecer, y se felicitó de haber “dado una lección de lo que es poner los intereses de los andaluces por encima de los intereses partidistas”.
El consenso devuelve a la comisión a la propuesta pactada el día 19, cuestionada y en suspenso después, de que los primeros en acudir a la comisión fueran los interventores provinciales y el interventor general de la Junta, que lo harán entre los días 4 y 8 de marzo. Para el resto de testimonios no hay fecha aún.
A partir de ahí, y en orden ascendente, comparecerán el resto de funcionarios, los representantes de consorcios de empleo y los alumnos; directivos de empresas (incluido el exconsejero Ojeda), de la Faffe y Forja XXI; UGT, delegados de Empleo por grado de antigüedad, directores generales, secretarios generales y responsables del Tribunal de Cuentas. A partir de ahí, los platos fuertes: la actual ministra de Empleo, Fátima Báñez; los exconsejeros, los expresidentes Griñán y Chaves, los consejeros actuales y, finalmente, Susana Díaz.
El PP alerta sobre un informe sorpresa
Teresa Ruiz Sillero, diputada del PP, desveló tras la reunión que el único foco de discrepancia fue el intento del PSOE de citar a María Jesús Moreno Herrerías, funcionaria y actual directora general de Política de Evaluación del SAE, para que aporte un informe elaborado “al dictado de la Junta” y que sólo conocería el PSOE. El objetivo sería “corregir a los interventores”.
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