El grupo parlamentario Podemos Andalucía va a defender este jueves ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL) que insta a la Junta a elaborar un listado de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1978 y solicitar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate.
Según la iniciativa, recogida por Europa Press, la formación morada también solicita que el Parlamento reclame un estudio sobre el impacto estas inmatriculaciones en la gestión, conservación y difusión de los bienes incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Además, pide un plan de acción para la correcta presentación y difusión del significado cultural e histórico de los bienes inmatriculados, entendiendo este programa "como parte integrante y fundamental de la propia actividad de conservación y protección, incluyendo los mecanismos necesarios para la supervisión de las mismas".
La recopilación de datos y creación de un plan de recuperación deberán ejecutarse en el plazo improrrogable de seis meses a partir de la aprobación de la PNL por parte del Parlamento de Andalucía.
En declaraciones a Europa Press, la diputada y portavoz de Cultura de la formación morada, Lucía Ayala, ha manifestado que la Iglesia se ha apropiado en Andalucía de numerosos bienes "de una manera irregular, mediante un procedimiento por el cual los obispos han actuado como notarios de manera irregular y anticonstitucional".
Además, ha incidido en que esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad "en otros ámbitos políticos como Euskadi, Navarra o el propio Ayuntamiento de Córdoba".
"Pedimos conocer cuántos bienes se han inmatriculado por parte de la Iglesia de manera irregular y hacer una auditoría del coste social que ha supuesto para la gente pues hay muchos impuestos que deberían haberse puesto al servicio de Andalucía pero se han perdido por esta situación", ha añadido Ayala.
Como señala Podemos en la exposición de motivos, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, desarrolla la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía sobre el Patrimonio histórico andaluz con el objeto de garantizar su tutela, protección, conservación, salvaguarda y difusión, por lo que corresponde al Gobierno autonómico la recuperación y protección de los templos y propiedades inmatriculadas por la Iglesia Católica.
La no intervención de la Junta hasta la fecha ha permitido que, tras el proceso de inmatriculación realizado por la institución religiosa, numerosos bienes inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, han sufrido cambios relevantes en su gestión, financiación y conservación, entre los que destacan modificaciones en el uso, incluyendo ampliación de actividades de culto y otros aspectos, que pueden incidir directamente en la conservación de dichos bienes.
Además, Podemos incide en que han tenido lugar paulatinamente modificaciones en la difusión del significado patrimonial de numerosos bienes, incluyendo algunos de gran valor simbólico e identitario para Andalucía. "Se han producido modificaciones que atañen a las actividades de difusión inherentes a la gestión del patrimonio que la Comunidad Autónoma debe supervisar", ha explicado para poner como ejemplo el caso de la Mezquita de Córdoba.
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