La juez que instruye los ERE ha citado como investigado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que ha comparecido en otras cinco ocasiones anteriores, y esta vez lo hará por el expediente de regulación de empleo de 2003 de la empresa pública Egmasa, que le costó a la Junta de Andalucía 21,6 millones.
La citación del exconsejero por su participación en el presunto desvío de fondos públicos el ERE de Egmasa, que afectó a 373 trabajadores, será el martes 2 de febrero.
La juez también ha citado ese día como investigados, término que sustituye al de imputado, al ex director general de la consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero, a su sucesor en el cargo Juan Márquez, al exconsejero del IFA Juan Vela Quiroga, y a la exasesora de Empleo María José Rofa.
En esta causa también ha sido citado el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que ya declaró ante el Tribunal Supremo porque era diputado y lo hará por primera vez ante la juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez Bolaños.
Viera, que está citado para el 10 de febrero junto a otros cinco investigados y a dos testigos, comparecerá por el ERE de la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA), ahora denominada Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
La juez ha abierto una pieza separada por este ERE y ha citado en total a quince investigados tras la petición que le hizo la Fiscalía Anticorrupción.
La juez entiende que en la concesión de esta ayuda se pudieron cometer los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y añade que en la concesión de esta subvención "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", lo que puede ser "causa de nulidad de pleno derecho".
Así se recoge en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que cita la juez, en el que se asegura que "no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo".
La Junta tampoco hizo un análisis económico para ver si eran procedentes estas ayudas ni se han acreditado su carácter excepcional así como tampoco solicitud formal por parte de los beneficiarios ni resolución motivada de las ayudas, según la Intervención.
