El PP irá a los tribunales si se obliga a los consistorios a asegurar vivienda gratis

El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, aseguró ayer que su partido irá a los tribunales si la Junta de Andalucía obliga a los ayuntamientos a garantizar viviendas gratis.

Arenas dijo que en la pasada campaña electoral autonómica "nos prometieron viviendas gratis a todos los que ganaran menos de 6.000 euros", pero que ahora lo que van a intentar a través de la nueva ley "es que los alcaldes sean los que tengan que garantizar las viviendas a todos los ciudadanos".

En un acto electoral celebrado en Granada junto al presidente nacional, Mariano Rajoy, Arenas calificó de "vergüenza" que el PSOE prometiera en campaña estas viviendas "y luego se olvide", pero que "la desvergüenza no tiene límite cuando uno traslada su incumplimiento a los alcaldes del PP", que han sido "un ejemplo de rigor y de cumplir sus compromisos".

Por su lado, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, destacó la "corresponsabilidad" que supondrá la aplicación de la Ley de Derecho a la Vivienda, y anunció que los ayuntamientos, en colaboración con la Junta de Andalucía, desarrollará experiencias 'piloto' de implantación de registros de demandantes de vivienda con ayuntamientos de distintos tamaños, con pequeños y grandes municipios.

En declaraciones a Europa Press, Toscano precisó que la federación no conoce el último borrador del proyecto de Ley, aunque precisó que "en su día un texto de esa Ley pasó por el Consejo Andaluz de Concertación Local y se negociaron una serie de modificaciones al documento entre la Consejería de Vivienda y la FAMP".

El presidente de la federación de municipios recordó que esta ley implicará una labor de "corresponsabilidad" entre los municipios y el Gobierno andaluz, de forma que mientras que a los ayuntamientos les corresponde "poner en suelo en condiciones para que esas viviendas sean una realidad", a la Junta le corresponde "todo lo relativo a la financiación, el Gobierno andaluz será un soporte financiero, pues los ayuntamientos no tenemos capacidad ni nos corresponde".

"El diseño de la ciudad corresponde a los ayuntamientos y nos molestaría que no contaran con nosotros", agregó Toscano, quien recordó que las viviendas "están en los municipios, no están en la Junta".

CCOO pide agilidad en el desarrollo del Plan Concertado

Mientras, el sindicato CCOO de Andalucía se congratuló con la aprobación del proyecto de Ley aunque pidió al gobierno más "agilidad" en el desarrollo del Plan Concertado de Vivienda y Suelo y un impulso a las medidas de financiación.

Según el sindicato, la ejecución del citado plan, aprobado en junio de 2008, se está retrasando por la falta de financiación, de forma que la mayor parte de las viviendas se encuentran en situación de calificación provisional y las obras de construcción aún no han comenzado.

"Nos preocupa que para 2009 el objetivo marcado sea de 24.000 viviendas y que a fecha de hoy no se haya construido ninguna", denuncia CCOO.

Ante la situación de crisis económica, ha pedido también al gobierno que sea la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) la que avale la financiación de las hipotecas de los adquirientes de viviendas de protección con menores niveles de renta.

Por su parte, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) consideró ayer que el proyecto de Ley constituye una "declaración de intenciones" y no aporta "sustanciosas mejoras", apuntando que se trata de una iniciativa "poco ambiciosa", que deja muchos aspectos "llenos de ambigüedad", al tiempo que asegura, a través de un comunicado, que el derecho a la vivienda debe tratarse de forma "integral" y no limitarse a la vivienda protegida.

UCE-Andalucía reivindica que el concepto "calidad" pase a un "primer plano" y considera fundamentales aspectos como la publicidad e información previa, la contratación y garantía.

Además, apuesta por la creación de un órgano consultivo en el que estén representadas las organizaciones de consumidores, así como el impulso de cauces extrajudiciales de resolución de conflictos, como el arbitraje.