El anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que ayer aprobó el Consejo de Gobierno, incluye entre los requisitos de los demandantes el acreditar que se poseen unos ingresos mínimos para hacer frente a la compra o alquiler de la vivienda protegida, además de estar inscritos en el registro municipal de demandantes, poseer unos ingresos medios inferiores a 36.000 euros brutos anuales, ser vecino del municipio en los últimos tres años y no poseer ni gozar de otra vivienda.
Según explicó ayer el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, la inclusión del requisito de “acreditar que se está en situación económica de llevar una vida independeinte con el suficiente grado de autonomía”, como recoge el anteproyecto de Ley, garantiza que los demandantes puedan hacer frente a los pagos, ya sea de alquiler o compra, de las viviendas protegidas o VPO incluídas en los planes municipales.
“Cualquiera que tenga un sueldo mínimo, al menos puede hacer frente a un alquiler”, explicaba Espadas, para puntualizar que hasta los 36.000 euros brutos de tope hay un tramo de población muy amplio. En este sentido, explicaba que los registros municipales (cuya inscripción es obligatoria para solicitar una VPO) permitirán que la oferta de cada municipio se adapte a las necesidades sociales de la localidad, no sólo por el régimen de alquiler o venta, sino también las características o tamaño de las viviendas.
La importancia de estos registros municipales llevará a la Consejería de Vivienda a redactar un decreto transitorio para que los Ayuntamientos puedan ir elaborando, con ayuda de la Junta, estas bases de datos y, además, posibilitar que se puedan acoger al nuevo Plan de Vivienda firmado recientemente con el Ministerio.
La Ley obliga a los municipios a configurar el citado registro -que la Junta pretende cerrar antes de enero- y a elaborar, en el plazo de dos años desde que entre en vigor la norma (si se ajustan los plazos parlamentarios podría estar aprobada definitivamente antes de que termine el año), los planes municipales de vivienda adaptados a su planeamiento urbanísticos, que incluye ya la reserva del 30% de suelo para VPO.
La Junta, que supervisará estos instrumentos, deberá a su vez adaptar su Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 a lo dispuesto en la Ley y garantizar su financiación, aunque Espadas quiso recordar que ese plan ya contempla una inversión pública y privada de 11.000 millones, más las acciones contempladas en la Estrategia de Competitividad, que incluyen 2.277,4 millones para actuaciones de vivienda.
Sólo en el caso de que las administraciones públicas (Junta y ayuntamientos) no cumplan con sus obligaciones en los plazos marcados por la Ley (los propios planes municipales tendrán que tener una previsión de ejecución), los ciudadanos inscritos en los registros municipales y que cumplan con sus requisitos podrán acudir a los tribunales para demandar que se cumpla el mandato constitucional, que no es otro que el de “promover las condiciones necesarias” para el acceso a una vivienda digna.
EPSA podría comprar las viviendas vacantes de las promociones viables
Espadas también anunció que, para “desatascar y rescatar” las promociones viables que aún no han conseguido financiación porque no tienen cubierta la compra de la totalidad de las viviendas, la Junta estudia comprar, a través de la Empresa Pública del Suelo Andaluz (EPSA) aquellas que queden vacantes.
Aunque la medida se abordará hoy entre con sindicatos y empresarios, y a la que acudirá también la titular de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, Espadas señaló que la idea es ofrecerla en régimen de alquiler con opción a compra en diez años y subrogarla (que le sirva el pago del alquiler como entrada), lo que permitiría que arranquen entre un 30 y un 35% de promociones que los promotores no pueden iniciar, de forma que las empresas no tengan que parar su actividad.
Espadas aclaró que esta medida será coyuntural y debida a la restricción de los créditos, por lo que se analizará "promoción a promoción" de vivienda.
Otra de las ideas que baraja la Consejería de Vivienda es provocar que "aflore" la reserva de vivienda de renta libre que disponen los bancos y las cajas de ahorro, una situación que calificó de "bastante oculta". Espadas comentó, en este sentido, que en el caso de las cajas de ahorro no superan las 3.000 si bien "desconoce" cuantas son de segunda residencia, aunque el objetivo es hacer la reserva de primera vivienda que no consigue comprador y "hacer una propuesta atractiva para el adquiriente"
