La Junta de Andalucía encontró este jueves, de repente, un nuevo argumento transformable en munición electoral a sólo tres días de que las urnas diriman la pugna política más reñida en décadas. El Gobierno central, según se encargó de desvelar la propia presidenta durante una entrevista radiofónica, habría propinado un “tajo de 265 millones de euros” sin comunicación previa a las partidas de transferencias a cuenta que recibe la comunidad con cargo al sistema de financiación autonómica. Traducido, implicaría que de las arcas de la Hacienda regional se esfumaría esa cantidad por, denuncian los socialistas, orden directa del Gobierno de Mariano Rajoy.
Casualidad o no, ataque premeditado desde Madrid o simple coincidencia en el calendario, la queja aireada se coló con fuerza ayer en el argumentario político del que era el penúltimo día de una larga campaña que expirará este viernes. Díaz no ahorró epítetos: tachó la medida orquestada por el departamento de Cristóbal Montoro de “hecho gravísimo” maquinado “sin previo aviso” y, más aún, con “alevosía y secretismo”. La Junta, insistió, lo descubrió a primera hora del jueves.
Para detraer esos 265 millones el Gobierno habría recurrido a las cantidades que considera que Andalucía debe devolver por la liquidación negativa de 2013, es decir, porque en aquel ejercicio recibió unas transferencias superiores a lo que luego Madrid considera que necesitaba. Sobre esa conclusión se han tirado los trastos a la cabeza las dos administraciones durante meses por los distintos criterios que aplican para el cálculo y por el barniz político que envuelve las interpretaciones de unos y otros. Al margen de esas consideraciones, Díaz recordaba que el propio Rajoy le confesó en una reunión que no entendía que Andalucía “tuviera que devolver” cantidades, pero que de ser así se alcanzaría “un acuerdo” para que el reintegro pudiese hacerse “a plazos”.
Nada de eso. La denuncia esgrimida por la presidenta de la Junta avanza que el Gobierno central habría olvidado la promesa y optado por el camino más corto: en lugar de negociar una devolución con plazos en el calendario habría optado por descontarle directamente los 265 millones de euros de las transferencias. “Sin avisarnos, sin pactar con nosotros y sin que nadie todavía haya explicado por qué Andalucía tiene que devolver mientras otras comunidades reciben”, protestó la jefa del Ejecutivo.
Impacto
La queja está servida, amenaza con reproducirse de forma insistente y se sumará al aluvión de denuncias que abre un abismo entre el PP y el PSOE cuando de lo que se habla es de financiación. La Junta protesta, por ejemplo, contra un sistema que cree injusto pese a ser herencia de los tiempos de Rodríguez Zapatero, o de que no se le recompensen los últimos esfuerzos para cumplir con la imposición del déficit, pero también por la regla de gasto que impulso Montoro, por los 1.500 millones pagados en intereses al Estado o por el reparto del Fondo de Liquidez Autonómica, que cree que beneficia más a Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid.
Díaz resume todos los agravios en un “maltrato sistemático a Andalucía” que, alerta, podría tener ahora su impacto en los Presupuestos de 2016. “Son 265 millones menos que va a tener Andalucía para su sistema sanitario, sus colegios o para el pago de los empleados públicos”, enfatizó. “Simplemente se nos ha quitado lo que es nuestro y sin ningún tipo de explicación”, añadió horas antes de lanzarse a otro acto electoral.
