María Núñez Bolaños acaba de dar un nuevo giro al caso ERE, la macrocausa que trata de arrojar luz sobre las irregularidades en la concesión de los expedientes de regulación de empleo aprobados por la Junta de Andalucía y de cuyas primeras indagaciones se cumplirán en enero cinco años. La titular del Juzgado número 6 de Sevilla ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que a partir de ahora sea Álvaro Martín, su juez de refuerzo, quien se encargue de la instrucción de las seis primeras piezas emanadas de la división que ella misma realizó, incluida la que afecta a los expresidentes Chaves y Griñán y otros 50 exaltos cargos de la Administración.
El cambio de manos de la investigación, que podría recibir este mismo martes el visto bueno de la Sala de Gobierno del TSJA, habría sido consensuada entre los dos magistrados y se produciría apenas dos meses después de que en octubre el Alto Tribunal se decantara por Núñez Bolaños y apartara a Mercedes Alaya de la causa que inició, poniendo paz así a una batalla jurídica y mediática entre ambas sobre quién debía continuar sosteniendo esas riendas.
Si la propuesta es aprobada, Martín se haría cargo de la instrucción de las piezas para así, según reza en la misma, agilizar el punto y final a la instrucción con el objetivo de poder celebrar los primeros juicios a finales de 2016. Eso implicaría que el juez de refuerzo dejaría a un lado los casos ordinarios, que asumiría otro compañero pendiente de designar, para dedicarse en exclusiva a los ERE.
En sus manos quedarán, por tanto, las piezas desgajadas por Núñez: la del llamado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas (que señala a los 52 altos cargos), la de las sobrecomisiones en las pólizas de prejubilaciones, la que afecta a las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica y Cenforpre, y las ayudas a empresarios de la Sierra Norte de Sevilla.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 moldea así el encargo que recibió del TSJA en octubre para que decidiera “la oportuna distribución de cometidos” junto a Martín, al que entonces se ratificó en el puesto de comisión de servicios para el que fue nombrado cuando el caso estaba aún bajo supervisión de Alaya. La instrucción, por tanto, pasa ahora por las terceras manos en un lustro.
Conserva las causas de los cursos y los avales
La propuesta de Núñez devuelve el escenario en el Juzgado a la decisión que adoptara en su día el TSJA y que no satisfizo a Alaya: la primera instruiría la causa de los cursos de formación y la de los avales y préstamos concedidos por la Agencia IDEA y la segunda conservaría los ERE. Alaya pretendió quedarse con todo, lanzó un duro ataque y al final se quedó sin nada.
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