La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha dado un nuevo giro al caso de los ERE con la solicitud de que el magistrado de apoyo, Álvaro Martín, se dedique a instruir las primeras seis piezas piloto y de esta forma acelere e impulse su tramitación tras casi cinco años de instrucción.
Con la nueva propuesta, consensuada entre ambos magistrados, Núñez pretende que el juez de apoyo deje los asuntos ordinarios del juzgado y culmine cuanto antes la instrucción de las seis piezas piloto, entre ellas la que afecta a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 ex altos cargos de la Junta de Andalucía.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, la solicitud se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya sala de gobierno tiene previsto aprobarla hoy para que luego sea ratificada, en última instancia, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Antes de que Núñez accediera a la titularidad del juzgado, estaba previsto que Álvaro Martín, representante de la Asociación Profesional de la Magistratura en Andalucía occidental, asumiera en junio pasado la causa de los ERE en sustitución de Mercedes Alaya, que logró una plaza en la Audiencia de Sevilla.
Sin embargo, María Núñez obtuvo la plaza del juzgado por escalafón y Martín se quedó como juez comisionado del órgano judicial.
La petición de los jueces se hace "en un marco de plena colaboración y entendimiento" entre ambos y "con la finalidad de dar un impulso de especial relevancia a las diligencias" de los ERE, que empezaron a instruirse hace casi cinco años y cuyos primeros juicios quieren celebrarse en 2016.
"Para conseguir celeridad y una respuesta ágil en la tramitación de estas diligencias", el magistrado de apoyo debería dedicarse en exclusiva al caso y dejar los asuntos ordinarios, responsabilidad que debería asumir un nuevo refuerzo solicitado por Núñez, precisa la propuesta.
Si prospera esta iniciativa, Álvaro Martín instruiría la pieza denominada del "procedimiento específico" que afecta a los políticos, la relativa a las sobrecomisiones que cobraron las aseguradoras y mediadoras así como las que se refieren a las ayudas que recibieron las empresas Acyco, Sayago y Rosendo, Surcolor y Cenforpre.
El acuerdo propuesto sería temporal y se revisaría en función de las necesidades del órgano judicial así como cada tres meses, cuando se enviaría un informe a la Sala de Gobierno del TSJA.
En su petición, se incluye una solicitud para crear una Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que permite recabar asistencia de otros jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente contenciosa.
Esta Unidad se recoge en una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015.
La decisión elevada al TSJA se produce después de que en junio de este año Núñez sustituyera en el juzgado a Mercedes Alaya, que logró la plaza que pidió en la sección séptima de la Audiencia de Sevilla y que comenzó a instruir el caso en enero de 2011, tras lo cual abrió otras macrocausas por la gestión de la Junta de Andalucía, como los cursos de formación.
Cuando Núñez llegó al juzgado aún estaba por dilucidar el destino de Alaya, que pidió seguir con todas las macrocausas aunque solo le concedieron los ERE, por lo que se quejó, aunque finalmente se quedó sin ningún caso.
En su decisión de dejar a Alaya sin los ERE, adoptada en octubre pasado, el Consejo General del Poder Judicial determinó que el juez Álvaro Martín siguiera en comisión de servicio y que María Núñez asumiera el reparto de todos los casos.
Ahora, en la nueva propuesta, la juez Núñez, que dividió el caso de los ERE al poco de acceder al juzgado, pretende seguir con las macrocausas como los cursos de formación o los avales de la Junta a empresas, casos que empezó Alaya.
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