El Consejo de Gobierno ha acordado este martes manifestar su criterio contrario a la toma en consideración y a la tramitación en el Parlamento de la proposición de ley para paliar y reducir la pobreza energética, presentada por el grupo parlamentario Podemos Andalucía.
A juicio del Ejecutivo, esta propuesta carece de "una memoria razonada del aumento de gastos que conlleva y de su incidencia en el presupuesto de la comunidad autónoma para 2016".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha recordado que la Junta ya desarrolla un programa de garantía de suministros mínimos, con ayudas orientadas a prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.
Entre ellas, según ha relatado, se incluyen las destinadas a cubrir contingencias en las necesidades de subsistencia de aquellas personas o familias que, por razones sobrevenidas o falta continuada de recursos, no pueden hacer frente a gastos específicos de energía eléctrica, suministro de agua, reparaciones básicas urgentes en las viviendas y alquiler cuando hay riesgo de desalojo. Desde su puesta en marcha en 2013, la Junta ha invertido casi 13 millones de euros en esta iniciativa.
Asimismo, el Ejecutivo ha señalado el "paralelismo" que, en materia de pobreza energética, presenta la proposición de Podemos con la ley catalana de modificación del Código de Consumo, aprobada en 2014 y suspendida recientemente en su mayor parte como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central.
El Reglamento de la Cámara andaluza establece que el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración y a la tramitación de una proposición de ley si implica un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios. Con ello se trata de asegurar que el Ejecutivo pueda llevar a cabo su programa político mediante la ejecución del presupuesto, sin que otras iniciativas legislativas le impidan desarrollarlo o le hagan perder el control sobre los medios económicos comprometidos para su ejecución.
Además del programa de suministros mínimos vitales, según ha añadido Vázquez, la Junta viene desarrollando durante los últimos dos años una serie de medidas urgentes destinadas a los sectores más desfavorecidos de la población. Entre estas destaca el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación que, con un presupuesto anual de 40 millones y gestionado por los ayuntamientos, ha permitido la formalización de 26.000 contratos por ejercicio.
Por su parte, el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria ha puesto al alcance de las familias más vulnerables diferentes mecanismos para poder hacer frente a la necesidad básica de alimentación. La iniciativa ha supuesto el beneficio directo a unos 51.600 menores en situación de riesgo (27.600 este año), gracias al programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano.
Por último, el impulso a las Ayudas Económicas Familiares, a través de convenios con entidades locales, permitió el pasado año la atención de las necesidades básicas de 14.898 familias y 27.526 menores, con un presupuesto de seis millones de euros, según ha indicado.
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