La Junta exige al Gobierno que "convierta en norma" la carta de Beteta sobre el aplazamiento de la reforma local

Publicado: 19/11/2015
El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha exigido al Gobierno de la Nación que "convierta en norma" la carta que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enviado a los ayuntamientos
El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha exigido al Gobierno de la Nación que "convierta en norma" la carta que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha enviado a los ayuntamientos sobre el aplazamiento de la entrada en vigor de la reforma local.

   En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PSOE-A, Jiménez Barrios ha alertado de que existe en estos momentos una "gran incertidumbre" en los ayuntamientos y en sus trabajadores, "quienes ven peligrar su puesto de trabajo y el servicio publico que prestan", una incertidumbre que ha ido en aumento con la citada misiva.

   "¿Cómo se puede modificar una ley por una carta?", se ha preguntado el número dos del Gobierno andaluz, quien también ha destacado que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha planteado la necesidad de llevar a cabo resoluciones administrativas para despejar la incertidumbre creada.

   Jiménez Barrios, que ha advertido al Gobierno central de que una "simple carta" en la cercanía de un periodo electoral "no basta", ha considerado necesaria una ley de financiación municipal y ha garantizado que el Ejecutivo andaluz está tomando las decisiones oportunas y estará "vigilante" para los derechos de los municipios sean respetados.

   Junto a ello, ha recordado que el próximo sábado se va a constituir "por fin" la Federación Andaluza de Municipios de Provincias (FAMP) y que si alguna vez este organismo fue necesario, ahora es "imprescindible" su presencia para alzar la voz de los ayuntamientos sobre una normativa "absolutamente inaplicable".

   Por su parte, la diputada del PSOE-A María de los Ángeles Férriz ha dicho que el Gobierno de Rajoy no tiene precio como "empresa de demolición" de derechos y ha considerado "de traca" que a un mes de la celebración de las elecciones generales "se saquen de la manga una carta para paralizar la ley, lo que supone una gran reculada".

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