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Martes 19/03/2024  

Andalucía

Chaves, Griñán y otros 50 exaltos cargos, señalados en la pieza política de los ERE

La juez Núñez Bolaños abre diligencias a todos ellos ante los indicios de un posible "delito continuado de prevaricación" en el denominado "procedimiento específico", que consistía en desviar las transferencias de financiación de Empleo hacia subvenciones sociolaborales y otras ayudas irregulares

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  • Griñán y Chaves -

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, colocó ayer los nombres de José Antonio Griñán y Manuel Chaves al frente de la lista con la que concluye el auto de seis folios en el que da forma a la pieza política de la macrocausa de los ERE fraudulentos. Tras decretar la reciente división hasta en seis piezas diferentes, la jueza crea otra separada en la que además de los dos expresidentes de la Junta enumera un largo listado de otros 50 exaltos cargos de la Administración autonómica, incluidos antiguos consejeros, viceconsejeros, secretarios y directores generales, los máximos responsables del IFA y de la Agencia Idea e incluso presidentes de cajas de ahorros.

En todos los casos abre diligencias previas para intentar dilucidar si los señalados  -incluidos los antiguos aforados investigados ya en su día por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- pueden ser penalmente responsables de un “delito continuado de prevaricación” en la trama de las concesiones de ayudas irregulares a empresas con cargo a la Consejería de Empleo, una práctica que Bolaños recuerda que se extendió entre los años 2001 y 2010. La causa, con más de 200 imputados en todas sus ramificaciones, pone la lupa sobre el desvío de unas partidas que la juez Alaya, la primera instructora hace ya más de cinco años, llegó a cifrar en más de 800 millones de euros.

El auto dictado ayer ciñe el posible delito a la figura de la prevaricación, pero no alude a la malversación de fondos, algo sobre lo que el Tribunal Supremo ya despejó dudas en su día en los casos de Griñán, Chaves y el expresidente Gaspar Zarrías, pero que sí sigue pesando sobre el exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

Esos 52 exaltos cargos de la Junta deberán pasar de nuevo por el juzgado sevillano para aclarar si, como figura en el primer razonamiento jurídico del auto, participaron “de forma activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico”.
Con esa definición alude la jueza al sistema que supuestamente se ideó en la Consejería de Empleo para ocultar y canalizar, de forma ilegal, las partidas que acabaron en manos de las empresas para financiar las prejubilaciones fraudulentas y otras ayudas.

El sistema ideado

A lo largo de los seis folios, Núñez Bolaños señala como clave de ese “procedimiento específico” las transferencias de financiación desde la Consejería hacia el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia Idea, para acabar transformadas en subvenciones y ayudas, posibilidad vetada por la ley para este tipo de partidas.

El punto de partida fue el convenio marco suscrito en enero de 2001 entre Empleo y el IFA, de ahí que la jueza apunte expresamente a quienes eran sus máximos responsables en el engranaje de la Junta: José Antonio Viera y Antonio Fernández García, respectivamente.

Ese acuerdo, que habría sido el germen del entramado investigado y al que pondría fin una encomienda de gestión de abril de 2010, no fue informado “ni por la Intervención General ni por el Gabinete Jurídico de la Junta”, recuerda el auto.

A partir de ahí, la ya famosa “partida 440” se consignó de forma continuada “de manera ilegal”, transformando las transferencias de financiación -en teoría para sufragar gastos ordinarios de las empresas públicas- en subvenciones sociolaborales (las prejubilaciones irregulares) y otras ayudas. Y todo ello, con hasta 22 modificaciones presupuestarias irregulares, de forma “no preceptiva” y con  “mecanismos ajenos a la ley”.

La pieza política abierta deparará en el primer juicio de la macrocausa de los ERE, que podría celebrarse a finales del año 2016.

Anuladas las fianzas que impuso Alaya

La Audiencia de Sevilla ha anulado las fianzas millonarias impuestas en su día en el caso ERE por la juez Alaya a siete miembros del Consejo Rector del IFA. Entre ellas, la del exconsejero Martín Soler (4 millones) o el exinterventor Manuel Gómez (3,4 millones).

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