Cuando María Jesús Montero compareció el pasado 14 de octubre para desgranar el Presupuesto de 2016 que acababa de aprobar el Consejo de Gobierno confirmó lo que llevaba semanas anunciando: la Junta había cuadrado las cuentas públicas del próximo ejercicio obviando, y superando, el techo de gasto impuesto desde Madrid. A preguntas de los periodistas, puntualizó que no esperaba réplica alguna del Gobierno central porque no había recibido contestación alguna del departamento de Cristóbal Montoro a su propuesta y porque, añadió, había otras comunidades autónomas dispuestas a secundar a Andalucía y rebasar el listón estipulado desde Madrid.
La primera premisa se ha cumplido -el Ministerio de Hacienda ha dado la callada por respuesta para evitar quizás entrar en confrontación directa con San Telmo en precampaña- pero la segunda, atendiendo a los anteproyectos de Presupuestos del resto de comunidades, no está tan clara. De hecho Andalucía es de momento la única región que se ha saltado los dictados y deseos de tope de gasto del Ejecutivo central.
El techo de gasto, herencia de las leyes de estabilidad presupuestaria consagradas en las normativa estatal y europea, permitía a Andalucía disponer de poco más de 500 millones de los 1.712 millones adicionales con los que el Gobierno central compensará el próximo año a Andalucía por hacer los deberes y entrar en equilibrio financiero. Se recibe más dinero, pero se impone que la mayor parte se destine a cumplir con el límite de déficit (fijado en el 0,3%) y a amortizar la deuda contraída con la banca. La Junta se negó y en el Presupuesto acabó tomando 875 millones alegando, una y otra vez, que antepone “las personas al pago a la banca”, recordando además que ha cumplido de sobra con sus obligaciones. Desde Madrid no ha habido protesta formal, más allá de la verbal, y el Presupuesto verá la luz en diciembre.
De momento, único caso
Cierto que el resto de Presupuestos autonómicos llevan considerable retraso frente al andaluz por el acelerón que la Junta le dio al suyo para evitar el fango de la campaña electoral. Sin embargo, las comunidades que están a punto de aprobarlos han preferido respetar las imposiciones de Madrid. Las gobernadas por el PP por supuesto, pero incluso las que administra el PSOE.
La consigna es parecida en todos los casos: protestas por el sistema de financiación autonómica, que se considera injusto, pero aceptación de las condiciones. No se ha barajado una ruptura a la andaluza en Extremadura, por ejemplo, donde las cuentas aprobadas el pasado viernes descienden incluso un 4,7% tras el fuerte ajuste sufrido, entre otros motivos, por la caída de los fondos europeos. O en Baleares, donde también gobierna el PSOE y el proyecto de Presupuesto, casi 4.300 millones, se presentó hace días bajo la consigna de haberse diseñado “teniendo en cuenta los recursos económicos en función del techo de gasto fijado por Madrid”.
La Comunidad Valenciana, bajo mandato del socialista Ximo Puig, está siendo de las regiones más beligerantes contra Madrid tras asumir una “situación de emergencia” en sus cuentas. En su anteproyecto consigna 1.300 millones de “financiación reclamada” a Madrid, pero el documento hace incluso hincapié en la necesidad de respetar “el límite de gasto no financiero de acuerdo con la regla de gasto fijada por el Ministerio de Hacienda”. Los proyectos de Aragón y Asturias, gobernadas también por el PSOE, hacen referencia también a la “coherencia” con lo pactado con Madrid.
El recurso a la herencia recibida
Si el PP clamó durante cuatro años contra la “herencia recibida” de Zapatero en forma de agujero económico, los nuevos gobiernos autonómicos del PSOE enarbolan banderas similares. El de Extremadura, dice haberse topado con “600 millones menos en ingresos que en gastos” de la gestión del PP, el de Castilla-La Mancha acusa a Cospedal de legarle “cifras no realistas” y en la Comunidad Valenciana se habla de “situación de emergencia”.
