El Hotel Cervantes de Torremolinos fue otro de los hoteles malagueños, junto al Don Pablo y Don Pedro e Incosol, que recibió ayudas de la Junta de Andalucía para costear las indemnizaciones por despido. Según ha podido saber Viva Málaga, el Gobierno andaluz subvencionó con 8,7 millones de euros a la empresa Europa Center S.A para el pago de las indemnizaciones por despido de 54 trabajadores, de los 56 afectados por el ERE, mediante la financiación de un seguro de rentas “como alternativa a su indemnización”, según un informe de la Intervención General del Ministerio de Hacienda enviado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las irregularidades de los ERE en la comunidad.
Nulidad de derecho
Esta subvención fue concedida en 2006 y, luego, en 2011, refinanciado su importe, con la consiguiente elevación del mismo. El informe señala que si las subvenciones correspondieran al ámbito laboral y dado que la Junta ha establecido un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social distinto al regulado para el Estado por la orden del Ministerio de Trabajo, “podría entenderse vulnerada la competencia del Estado en lo referente a legislación”.
Esta subvención puede constituir una verdadera ayuda directa a la empresa, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta en un caso de extinción laboral. No consta en el expediente la existencia de ningún análisis económico que ponga de manifiesto si esta ayuda era procedente en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta.
Se señala que en la concesión de la subvención “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido”, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho. Destaca que la CEM concedió la ayuda con cargo a un concepto presupuestario inadecuado. Esta ayuda fue pagada (no concedida) por IFA con cargo a los fondos recibidos de la CEM como “transferencia de financiación”.
El expediente supuso un sobrecoste de 1,4 millones
La póliza con Vitalicio Seguros se suscribió con la intervención de la entidad Vitalia, la cual , según informes de la Dirección General de Seguros, realizaba de manera irregular actividades de mediación en seguros privados al no disponer de autorización para operar como correduría de seguros. Se produjo un sobrecoste en la comisión del mediador (Vitalia) en la contratación de la poliza y sus suplementos por importe de 1,4 millones de euros. La concesión de esta subvención no fue sometida por la CEM a la fiscalización previa como era legalmente exigible. Se ha comprobado que en la póliza de seguro contratada para el abono de prejubilaciones figura como beneficiario Marcial González Vázquez, persona que no estaba incluida en la relación de trabajadores afectados por el ERE. No consta la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta para conceder subvenciones por importe superior a tres millones, ni la aprobación provisional por el Consejo Rector del IFA de pago superiores a 1,2 millones.
