La Junta de Andalucía podría dejar de depender en exclusiva del ministerio de Hacienda, como lleva haciendo desde hace cuatro años (desde 2012 incluido), para lograr fondos con los que ejecutar sus presupuestos y políticas. La ventana que permitiría a la Junta liberarse y poder emitir de nuevo deuda propia está en el Banco Central Europeo (BCE), que en la reunión de su consejo del próximo mes de diciembre va a evaluar si compra no sólo deuda de los Estados como viene haciendo desde hace meses para inyectar liquidez en la economía y propiciar el crecimiento, sino también bonos y títulos de deuda de regiones y ciudades.
La condición ineludible para ello es que las tres agencias más importantes de calificación crediticia a nivel mundial, Fitch, Moody’s y S&P tengan otorgadas a esas administraciones públicas locales o regionales el denominado grado de inversión. Es decir, que las tres agencias consideren que son capaces de hacer frente a sus compromisos. O, dicho de otra manera, que su deuda no tengan la calificación de bono basura. ¿En qué situación se encuentra Andalucía?
Grados
De las tres agencias, sólo Moody’s incluye a la comunidad en ese saco de los bonos basura, aunque en el último escalón antes de pasar a incluirla en el grado de inversión. En concreto, está en el escalón Ba1, y con perspectiva positiva. Es decir, que en una próxima revisión, podría salir de esa zona y pasar a calificar la futura deuda andaluza como fiable para los inversores internacionales.
S&P y Fitch otorgan el grado de inversión a Andalucía, si bien es cierto que ambas la colocan en el escalón de más bajo de su escala. En concreto, en BBB (S&P) y en BBB- (Fitch). Todo estas calificaciones se refieren a bonos o emisiones a largo plazo. Sólo Fitch ofrece una calificación para pasivo a corto plazo, la de F3, lo que igualmente sitúa a Andalucía con el grado de inversión.
Andalucía ha recibido del denominado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), creado por el Gobierno central en 2012 para solventar el cierre de los mercados de financiación internacionales para la mayoría de comunidades autónomas, 6.000 millones entre 2012, 2013 y 2014. La cantidad asignada a Andalucía para todo 2015 asciende a casi 3.000 millones. Es decir, 9.000 millones en cuatro ejercicios destinados a amortizar deuda y con la condicionalidad de cumplir el objetivo de déficit.
Políticamente será relevante dejar de depender del Gobierno central, aunque desde el punto de vista estrictamente financiero habrá que ver qué condiciones (interés) pide el BCE. Porque el ministerio de Hacienda cobra un interés 0 a las comunidades los dos últimos años, lo que ha hecho que incluso comunidades como la Madrid -que ha tenido abierto el grifo de la financiación exterior durante la crisis- hayan anunciado que se acogerán al FLA el próximo año. Moody’s, primero, y las exigencias de Mario Draghi, presidente del BCE, después, determinarán la decisión de la Junta.
Desde la consejería de Hacienda se recuerda que el BCE, en todo caso, comprará bonos ya emitidos, nunca nueva deuda. Es decir, adquirirá bonos en los denominados mercados secundarios.
El efecto positivo de esas compras, que Hacienda recuerda que están contempladas en los tratados de la UE, está en que permitirían reducir la rentabilidad general que debería pagar Andalucía por pedir prestado. Aunque, apunta la consejería, mientras el Estado preste al 0%, Andalucía seguirá financiándose a través de Hacienda. La deuda de Andaucía era de 29.822 millones a junio.
