Castillo reiteró, en una entrevista con Efe, que esta ley, que su departamento quiere que entre en vigor antes de final de año, sólo aplicará un canon para financiar infraestructuras en los municipios que carezcan de sistemas de depuración y únicamente penalizará el aumento del consumo.
Por ello, deploró que el PP intente descalificar un proyecto legislativo de esta envergadura con informaciones, en su opinión, distorsionadas, sobre el impacto económico de esta ley.
"El canon es lo menos trascendente de esta ley porque las infraestructuras hidráulicas ya se las cobraba la Junta a los ayuntamientos y éstos lo trasladaban en el recibo a los ciudadanos; no hay en ese sentido ningún cambio", apostilló.
Aseguró que el texto autonómico no encarecerá "en absoluto" el recibo de un ochenta por ciento de andaluces cuyos municipios cuentan con sistemas de depuración y, al contrario, "corregirá excesos" en "muchos" ayuntamientos que cargan en el recibo del agua tasas y cánones "que no responden a la realidad, como el de depuración y saneamiento cuando no tienen depuradora".
También advirtió de que la Junta no permitirá que algunos ayuntamientos aprovechen la entrada en vigor de esta ley para encarecer el recibo de este bien público.
"Quien ahorre agua se va a beneficiar, aunque los andaluces no somos despilfarradores y nuestro consumo de agua es absolutamente racional; donde tenemos que obtener recursos para otras demandas, como el turismo o las energías renovables, es del regadío que supone el 80% del consumo", apostilló.
En su opinión, aún existen zonas agrarias que no han modernizado sus regadíos "y de ahí es de donde hay que sacar agua para las nuevas demandas".
La consejera destacó que uno de los asuntos más trascendentes de la futura ley es que permitirá regular, por primera vez, las agua subterráneas y comenzar a luchar -"desde la nada", matiza- contra la abundancia e impunidad de los pozos ilegales, un asunto denunciado recientemente por los fiscales y el Defensor del Pueblo.
"Las aguas subterráneas no van a estar al margen de la ley y las vamos a regular igual que las superficiales, aunque no por las bravas, sino con un trabajo previo con agricultores y regantes", añadió.
Castillo negó que la nueva legislación invada ámbitos competenciales de los ayuntamientos y indicó que reconoce la figura supramunicipal de las mancomunidades en el ámbito de la depuración "que es en lo que hemos fallado en Andalucía".
Valoró el tono constructivo de las más de 500 alegaciones presentadas por más de treinta entidades al anteproyecto y destacó que sólo dos: la patronal agraria Asaja y la asociación de regantes Feragua mantienen una actitud "contradictoria y chocante" porque "parece que ahora tienen dificultades de asumir" el Acuerdo Andaluz por el Agua que firmaron del pasado febrero.
En su opinión, esta ley llega "en el momento oportuno" porque es ahora cuando la Junta de Andalucía tiene las competencias sobre todas las cuencas andaluzas, incluida la del Guadalquivir, y puede transponer la Directiva Marco Europea y asumir una política completa sobre todo el ciclo integral del agua.
El PP denuncia un incremento medio del 30%
Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, denunció ayer que el anteproyecto de Ley Andaluza de Agua supondrá un incremento del 30% en las facturas de los andaluces, ya que se cobrará "un peaje" a través de la factura del agua.
Con este anteproyecto de Ley se incrementarán los recibos de "una manera brutal", ya que la Junta pretende cobrar las infraestructuras hidráulicas, desprecia a las autonomías municipales porque pierden competencias y utiliza a los ayuntamientos como "cobradores del frac" y pagadores de lo que el ciudadano no pague, denunció ayer Oña en rueda de prensa.
La portavoz del PP en el Parlamento andaluz resaltó que la subida en la factura del agua supondrá "un incremento del cuatrocientos o quinientos por ciento" de los ingresos del Gobierno andaluz.
Oña destacó que la Junta ha cesado al máximo responsable de la Agencia Andaluza del Agua, Jaime Palop, porque "no estaba de acuerdo con esta Ley de Agua" y han puesto a Juan Paniagua, "una persona dócil con el Gobierno andaluz, para que diga que sí".
En las facturas habrá tres nuevos conceptos de pago, uno será la cuota fija en la que todo ciudadano "deberá pagar un euro al mes consuma o no consuma"; una cuota variable en función al consumo, que subirá "de forma despiadada" para pagar el "peaje" del agua, y un canon de servicios generales en el que se cobrará el coste administrativo de la Agencia Andaluza del Agua.
Esperanza Oña indicó que con la Ley de Agua que propone la Junta supondrá un incremento medio de 41,6 euros al año en la factura, mientras que para hogares con cuatro o cinco miembros el recibo subirá en más de noventa euros anuales.
Respecto a los comercios, Oña dijo que el incremento anual supondrían casi 3.000 euros, mientras que a los complejos hoteleros esta subida sería de más de 6.000 euros al año.
El anteproyecto de Ley, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) hace un mes, es "intervencionista y recaudador" y producirá "una asfixia económica e, incluso, cierre de negocios" de aquellos ciudadanos que se dediquen a la agricultura o empleos relacionados con el consumo del agua, aseveró Oña.
Tanto el PP como veinticinco colectivos que trabajan con el agua han presentado diversas alegaciones en contra de esta ley y, si no la Junta no la modifica, los populares presentarán "un recurso anticonstitucional", adelantó la portavoz de Medio Ambiente del PP andaluz, Carolina González Vigo.
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