La Junta tendrá que modificar el anteproyecto de ley del Ente Público de Crédito Andaluz (ECA) para adecuarse a las objeciones que le ha planteado el Banco de España. Más conocida como banca pública, la iniciativa fue una de las condiciones que IU impuso al PSOE para cerrar el pacto de gobierno de la anterior legislatura y de hecho el Consejo de Gobierno ya aprobó hace justo un año, el 28 de octubre de 2014, el inicio de los trámites. Ahora, sin embargo, deberá limar el punto de partida.
De lo desvelado ayer por el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, se desprende que al Banco de España no le queda suficientemente claro cuáles serían las funciones de la futura entidad. De hecho, pregunta si gestionaría fondos privados (de particulares) o si se limitaría a los créditos reembolsables que concede la Junta. En ese punto encallaron algunas de las diferencias entre PSOE e IU en la anterior legislatura. Además, el advierte de que la supervisión le correspondería a él, no a una consejería, y duda de la participación ciudadana en la gestión propuesta por IU.
Si el ECA pretendiera operar como un banco al uso, necesitaría que el Banco de España aprobara una ficha bancaria y eso es lo que, según Jiménez, “hay que aclarar”. De momento, lo que hizo ayer el Consejo de Gobierno fue rechazar la toma en consideración de la proposición de ley de IU sobre el Ente Público de Crédito al entender que es similar a la iniciativa en trámite, aunque no se opone a su debate.
La lectura política aporta otra visión solapada al informe del órgano que supervisa las finanzas a nivel nacional. El PSOE, que tuvo que ceder ante IU y dar luz verde en la anterior legislatura a un proyecto en que realmente nunca creyó al cien por cien, habría recibido con un suspiro las advertencias del Banco de España. Sería la excusa perfecta para rebajar el tono inicial y adecuarlo, no se olvide, al que es su nuevo socio en el Parlamento, Ciudadanos, una formación a la que no seduce precisamente la banca pública...
