El Comité Director del PSOE-A, máximo órgano del partido entre congresos, ha aprobado este viernes un documento de 12 páginas con las propuestas que quiere incorporar al programa socialista para las próximas elecciones generales, entre las que incluye la "derogación con carácter inmediato de toda la reforma laboral" del PP, la prohibición "expresa y por ley" de nuevas amnistías fiscales y el endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos públicos que cesen en su actividad para evitar las llamadas "puertas giratorias".
El borrador del programa electoral del PSOE contempla modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP en un decreto ley, pero no tiene intención de tocar las indemnizaciones por despido, asunto que remite a las negociaciones entre patronal y sindicatos.
Estas propuestas, articuladas en tres bloques ("Defensa de lo público y renovación de la democracia"; "Economía y empleo" y "Derechos y servicios públicos", serán defendidas por el PSOE andaluz en la próxima Conferencia Política del partido y, si son aceptadas, se incorporarán al programa de gobierno con el que el PSOE concurrirá a la cita con las urnas del próximo 20 de diciembre. Entre ellas, no figura ninguna relativa al debate territorial.
Otras medidas propuestas por los socialistas andaluces se refieren a la prohibición de indultos a condenados por corrupción; la creación de una "red de solidaridad y garantía alimentaria" en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos para asegurar la alimentación de menores y mayores en riesgo; la supresión de la tasa de reposición "por su efecto en la precarización del empleo público"; la derogación urgente de la denominada 'Ley mordaza' o la rebaja del IVA al sector turístico.
En el ámbito de los derechos públicos se recogen propuestas en materia de sanidad, educación, ayudas a la dependencia, pensiones, servicios sociales, mayores, infancia, deportes y vivienda. En lo referido a la sanidad, se propone regular la participación de la industria farmacéutica en el sostenimiento del sistema público de salud; e incluir la Atención Temprana Infantil como elemento de la cartera básica de salud, entre otras cuestiones.
En materia educativa, los socialistas reclaman paralizar las decisiones y reformas impuestas por el Gobierno de Rajoy sin acuerdo ni participación ni un diagnóstico riguroso para su implantación, entre ellas la ordenación de enseñanzas, la creación y reconocimiento de universidades y la homologación y acreditación de títulos, añadiendo la derogación expresa del 3+2 (grados de tres años y máster de dos) y la recuperación de los grados de cuatro años.
PACTO DE ESTADO POR LA DEPENDENCIA
Los socialistas andaluces proponen impulsar un Pacto de Estado para la aplicación de la Ley de Dependencia, que garantice una financiación suficiente y comprometa al Gobierno de España a reponer la financiación del Estado al 50 por ciento; y que se mejoren las pensiones no contributivas y las de menor cuantía para permitir a los pensionistas ganar capacidad adquisitiva.
En servicios sociales, apoyan la aprobación, de acuerdo con todas las comunidades autónomas, de una Ley Básica de Servicios Sociales de ámbito estatal que fije normativamente los elementos básicos relativos al Sistema Público de Servicios Sociales, y añaden que debe ser una ley que establezca los mínimos básicos garantizados y que asegure la financiación de dichas prestaciones mínimas por parte de la Administración General del Estado.
Para los mayores, los socialistas andaluces propone la creación de una Fiscalía de Personas Mayores en todas las Audiencias Provinciales para avanzar en la erradicación de los malos tratos en este ámbito; y para la infancia, especifican el planteamiento federal de impulsar medidas contra la pobreza infantil añadiendo garantías, en colaboración con las comunidades autónomas, de las tres comidas diarias a todos los alumnos en riesgo de exclusión social, a través de comedores sociales en los centros educativos.
LEY DE RETRACTO EN DESAHUCIOS DE VIVIENDAS
En lo relativo a la vivienda, plantean tomar como ejemplo y aplicar en todo el territorio nacional las medidas contempladas en la Ley de Garantías de la Función Social de la Vivienda e incluir las iniciativas de la Ley de Retracto en Desahucios de Viviendas de Andalucía, estableciendo un sistema que permita la compra mediante el ejercicio del derecho de retracto por las administraciones públicas.
En el área de economía y empleo, se recogen propuestas como la derogación con carácter de toda la reforma laboral del PP; la revisión del modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC); desarrollar los corredores de la Red Transeuropea, desarrollando puntos de acceso adecuados como terminales intermodales interiores y conexión con las terminales ferroportuarias; o la incorporación de criterios de cohesión territorial a la hora de abordar grandes proyectos de infraestructuras.
El PSOE-A propone también la rebaja del IVA al sector turístico para equipararlo a nuestros competidores turísticos; una rebaja progresiva del déficit público; que se contemple penalizar especialmente la devolución de cheques y pagarés para quienes los emitan; y otorgar prioridad a la protección de la primera línea de costa y la franja litoral frente a las amenazas de los abusos urbanísticos, garantizando instrumentos de planeamiento eficaces y verificables.
SUPRESIÓN DE LA TASA DE REPOSICIÓN
En lo que se refiere al apartado sobre la defensa de lo público y la renovación de la democracia, los socialistas apuestan por la supresión de la tasa de reposición por su efecto en la precarización del empleo público y sus consecuencias sobre la calidad de los servicios a la ciudadanía y su nula incidencia en el ahorro de las administraciones públicas.
También plantean la ampliación de los compromisos en la lucha contra la corrupción con medidas que la federación andaluza ya contempla en el programa de gobierno de las pasadas elecciones autonómicas; evitar las llamadas 'puertas giratorias' mediante el endurecimiento de las incompatibilidades de los cargos públicos que cesen en su actividad; y centralizar toda la información referida a transparencia de los representantes políticos y públicos en un Registro Público Estatal.
Todo ello para acabar con la actual disgregación por administraciones. Además, todos estos datos deberán ser remitidos a la Agencia Tributaria para su comprobación y confirmación. Revindican además un cambio en la normativa vigente para prohibir al Gobierno de la Nación el indulto a cualquier condenado por delito de corrupción, fiscal, contable y económico.
El documento concluye con la petición de los socialistas sobre la prohibición expresa y por ley de la aprobación de nuevas amnistías fiscales y la derogación de manera urgente, y no sólo la revisión, de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.
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