El déficit de la comunidad autónoma andaluza se situó en los ocho primeros meses del año en 1.243 millones de euros, el 0,86 por ciento del PIB, según datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
De acuerdo a los mismos datos, el déficit andaluz es un 35,8 por ciento más bajo que en el mismo periodo del año anterior, cuando sumaba 1.937 millones de euros, que suponían el 1,39 por ciento del PIB.
En conjunto, las comunidades autónomas registraron un déficit en términos de contabilidad nacional de 7.480 millones. En porcentaje de PIB, el déficit autonómico disminuye hasta el 0,69 por ciento del PIB, 0,27 puntos de PIB inferior al registrado hace un año.
En las comunidades, el incremento de los recursos no financieros se eleva al 4,1 por ciento interanual, mientras los empleos no financieros aumentan un 1,3 por ciento.
En conjunto, hasta agosto, el déficit consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social ha sido de 36.598 millones, un 16,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2014.
El déficit es equivalente al 3,39 por ciento del PIB, ratio inferior en 0,83 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes de 2014. Estas cifras excluyen la ayuda financiera, de 71 millones de euros, que no se tiene en cuenta para valorar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
La Administración Central reduce su déficit en un 22,4 por ciento hasta agosto, hasta un total de 25.571 millones, excluyendo la ayuda financiera que ascendió a 71 millones. En términos de PIB, el déficit de este subsector equivale al 2,37 por ciento de PIB, 0,80 puntos porcentuales por debajo del déficit registrado en el mismo periodo de 2014 (3,17 por ciento).
El saldo de la Administración Central incluye el saldo del Estado, que reduce su déficit en un 20,9 por ciento y el saldo de los organismos de la Administración Central que registran un superávit que asciende al 0,20 por ciento del PIB, una vez descontadas las ayudas financieras.
Los Fondos de la Seguridad Social han registrado un déficit de 3.547 millones hasta agosto, equivalente al 0,33 por ciento del PIB. Por agentes, el Sistema de Seguridad Social registró un déficit de 7.543 millones, equivalente al 0,70 por ciento del PIB. El Servicio Público de Empleo Estatal registró un superávit equivalente al 0,39 por ciento. Por último, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), ha reducido su déficit hasta los 194 millones.
DÉFICIT DEL ESTADO HASTA SEPTIEMBRE
En el periodo enero-septiembre, el Estado ha registrado un déficit de 25.580 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cifra que supone una reducción del 21,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2014. En términos de PIB, el déficit es equivalente al 2,37 por ciento frente al 3,12 por ciento registrado en septiembre de 2014.
Los recursos no financieros del Estado registran un crecimiento interanual del 4,1 por ciento, hasta un total de 131.738 millones, impulsados por el crecimiento de los ingresos impositivos que crecen un 5,9 por ciento.
Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 7,7 por ciento, respecto al año anterior, principalmente por el gran dinamismo del IVA, que registra un crecimiento del 7,2 por ciento. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que incluyen los ingresos por IRPF e Impuesto sobre Sociedades, presentan un crecimiento del 2,9 por ciento hasta septiembre, a pesar de la rebaja de impuestos de la reforma fiscal.
En cuanto al resto de recursos no impositivos, las transferencias entre Administraciones Públicas aumentan un 34,7 por ciento, principalmente por el efecto de la liquidación definitiva del año 2013 del sistema de financiación. Las rentas de la propiedad, por su parte, disminuyen un 46 por ciento.
Al igual que en meses anteriores, este descenso se debe a dos factores, la caída de dividendos por el descenso de los correspondientes al Banco de España y los menores ingresos por intereses, que disminuyen un 55,2 por ciento ya que en 2015 se ha fijado un tipo de interés del 0 por ciento para todos los préstamos que tuviesen las comunidades autónomas y las entidades locales con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación.
