El ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en los ERE y que estuvo preso diez meses por esta causa, ha asegurado hoy que la Intervención General y la Consejería de Hacienda avalaron en 2005 el sistema de ayudas que se concedían.
En su declaración voluntaria ante la nueva juez del caso, María Núñez, Guerrero ha asegurado que ese aval lo obtuvo en una reunión celebrada en 2005 a la que asistió el interventor Manuel Gómez, la viceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el director general de Presupuestos Antonio Lozano, todos ellos imputados.
La reunión, según ha dicho Guerrero a los periodistas, se celebró en la consejería de Hacienda ante las dudas que existían sobre la concesión de ayudas que hacía Empleo a la agencia pública Idea, que pagaba los ERE.
Las dudas se plantearon tras un informe de Intervención de 2005 referido al ejercicio de 2003 de la empresa pública Idea.
El ex director general, que está acusado de cohecho, prevaricación y malversación, ha asegurado que en esa reunión se acordó que "se siguiera trabajando con el mismo sistema" y ha apuntado que "nadie puso pegas" a esa continuidad en el procedimiento de concesión de las ayudas.
En la reunión, celebrada a instancias de Barberá, se concluyó que "no había razones de legalidad" que motivaran un cambio en el sistema de concesión de ayudas, algunas realizadas a través de transferencias de financiación, ha asegurado Guerrero antes de apuntar que la última palabra entre los presentes la tuvo la viceconsejera de Hacienda.
En su sexta comparecencia en el juzgado por este caso, en las que Guerrero ha contestado en tres ocasiones, el ex director general de Empleo ha dicho que, según su conciencia, todas sus actuaciones eran legales, han señalado otras fuentes de la acusación, que han calificado esta declaración como un "show" y la han atribuido a un pacto entre las defensas.
Guerrero ha contestado durante casi dos horas a las preguntas de la juez, de la Fiscalía Anticorrupción y de su abogado y de otros abogados defensores, mientras que ha eludido contestar a las cuestiones planteadas por las acusaciones particulares.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, por su parte, ha apuntado que su defendido ha declarado hoy porque en otras ocasiones no tenían la documentación necesaria y en las anteriores tenía que actuar como si el caso estuviera bajo secreto del sumario, ha dicho en referencia a la actuación de la anterior juez del caso, Mercedes Alaya.
Fernando de Pablo ha agregado que en esta comparecencia ante la juez han querido demostrar que el sistema de concesión de ayudas sociolaborales de la Junta era igual de legal al aplicado por el Ministerio de Trabajo, con la misma cobertura legal, requisitos, concurrencia y publicidad.
"No hay tantas irregularidades como parece", ha matizado el abogado de Guerrero antes de señalar que han querido aclarar, una vez que en el juzgado les han dejado hablar, las bases jurídicas del funcionamiento de Guerrero en Empleo, cuyos superiores, ha añadido, conocían los desfases presupuestarios que provocaban las ayudas.
Según otros abogados presentes en la declaración, que se ha desarrollado ante la presencia de 40 abogados y se ha grabado, lo que no hacía Alaya, Guerrero ha explicado que él no participaba en las ruedas de prensa que se celebraban cuando se concedían ayudas a empresas porque es "muy tímido".
Guerrero pidió comparecer voluntariamente ante la juez porque ha asegurado que "siempre" ha querido colaborar en el esclarecimiento de los hechos.
