De la mano para poner en marcha la comisión de investigación de los cursos de formación o en el visto bueno a los Presupuestos, la “sintonía” que el PSOE intuye en las últimas semanas en su relación con Ciudadanos no se extenderá a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática.
El proyecto, que recibió el pasado martes el visto bueno del Consejo de Gobierno, extiende la condición de víctimas a los represaliados por cuestiones ideológicas hasta 1982, coincidiendo con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y es esa prolongación la que no convence al grupo que preside Juan Marín.
El secretario y portavoz adjunto de la formación, Sergio Romero, avanzó ayer que negarán su apoyo al texto legislativo cuando se debata en el Parlamento, al menos en los términos en los que está redactado. “No nos van a encontrar en un debate que ponga en tela de juicio la Transición, que es sagrada”, subrayó Romero, que deslizó la posibilidad de que Ciudadanos se abstenga durante el trámite en la Cámara.
No hubo ayer, sin embargo, más detalles sobre qué parte del articulado no convence a su grupo. “Estamos con el espíritu de la Transición”, se limitó a repetir una y otra vez el diputado, que llegó incluso a asegurar que en esa cuestión es partidario “del PSOE de Felipe González, no del de Susana Díaz”.
Ciudadanos aprovechó la jornada para hacer balance de los seis meses transcurridos desde que debutó en el Parlamento andaluz tras las elecciones del 22 de marzo. En el tiempo transcurrido considera que se ha convertido en “líder de la oposición” en la comunidad. En esa persecución de la corrupción que se atribuye el partido, Romero no descarta promover una nueva comisión de investigación, esta vez para indagar sobre el uso dado a los fondos Jeremie, si las explicaciones de la Junta no les convencen.
