El abogado de Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González y presidente de Invercaria los meses de junio y julio de 2010, ha negado que fuera administrador único de Below Marko S.A. cuando esta mercantil recibió dos millones de euros de los fondos europeos Jeremie (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).

En un escrito fechado el 5 de octubre y entregado al juez de Sevilla que investiga presuntas irregularidades en Invercaria, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Juan María González combate así los "errores" que contiene el atestado elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en relación a dichos fondos.

El abogado explica al juez de Instrucción número 16 de Sevilla que el atestado indica que su representado ostenta el cargo de administrador único de Below Marko S.A., beneficiaria de un fondo Jeremie por un montante de dos millones, y que dicho fondo fue suscrito el 8 de octubre de 2010, indicando además la UDEF que Juan María González fue presidente de Invercaria durante los meses de junio y julio de 2010.

De igual forma, en el atestado "se indica que el padre de nuestro representado es el apoderado de la mercantil mencionada", de manera que "de la lectura del atestado se podría deducir" que Juan María González, en calidad de presidente de Invercaria, "podría haber concedido una ayuda de dos millones de euros a una sociedad de la que él es administrador único y su padre apoderado".

El letrado, que dice desconocer la concesión de un fondo Jeremie a Below Marko, señala que "lo único cierto de la afirmación realizada en el atestado policial es que nuestro representado fue presidente de Invercaria durante los meses de junio y julio de 2010, pero en ningún caso era administrador único de la mercantil Below Marko ni su padre era apoderado de dicha mercantil a fecha de la concesión del fondo Jeremie objeto de la investigación".

Al hilo de ello, subraya que "ninguno de los dos tenía participación alguna en el accionariado de dicha mercantil a fecha de 8 de octubre de 2010", punto en el que destaca que su patrocinado fue administrador solidario de Below Marko S.A. hasta el 4 de noviembre de 2002, cuando "se produjo su cese y el nombramiento de los nuevos administradores", misma fecha "en la que se produce la venta de las acciones que tenía en la mercantil ya fuera por sí o como administrador único de Interlab Media S.L., propietaria igualmente de acciones de Below Marko S.A.".

Información "errónea" del atestado

El abogado añade que, en esa misma fecha, "se materializa la revocación de poder en Below Marko S.A." al padre de su representado, por todo lo cual tanto Juan María González como su progenitor "extinguieron cualquier relación accionarial o de gobierno de Below Marko en la mencionada fecha de 4 de noviembre de 2002, ocho años antes de la concesión del fondo Jeremie objeto" del atestado de la UDEF.

A ello se suma que, según este atestado, esta mercantil "mutó de sociedad anónima a sociedad limitada, produciéndose esta mutación una vez que tanto nuestro representado como su progenitor no tenían relación accionarial o de gobierno con la mercantil de referencia", de manera que, desde el 4 de noviembre de 2002, ni Juan María González ni su padre "mantuvieron relación alguna, ni directa, ni indirecta, con Below Marko S.A. ni con la nueva Below Marko S.L.".

El abogado, que añade que "durante la participación de nuestro representado en el accionariado y en el gobierno de Below Marko S.A., esta mercantil no cobró ayuda alguna para su desarrollo empresarial", pone de manifiesto que la información "errónea" aportada por la UDEF ha supuesto "un grave perjuicio personal y profesional" para su patrocinado, por lo que pide al juez que "requiera las aclaraciones oportunas al Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional sobre las afirmaciones relativas" a Juan María González.

Hay que recordar que la juez de Instrucción número 5 de Sevilla ha incoado diligencias previas para investigar la gestión que la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea), dependiente de la Junta de Andalucía, realizó de 185 millones de euros de los fondos Jeremie concedidos a distintas empresas entre 2007 y 2013, una decisión que ha tomado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la apertura de una nueva causa para investigar dicha gestión de los fondos.

Así, el Ministerio Público elevó un escrito al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades en el caso Invercaria, en el que le pedía que desgajara la investigación sobre los fondos Jeremie de la relativa a Invercaria y remitiera a reparto el atestado elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) en relación a dichos fondos.

De este modo, el objetivo era que el atestado fuera remitido a reparto para que otro juez, distinto al de Invercaria, abriera una nueva causa sobre la gestión de los fondos Jeremie, lo que ha llevado a cabo la juez de Instrucción número 5 de Sevilla.

En este atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la UDEF llegan a determinadas conclusiones sobre estos fondos a raíz del análisis de las ayudas otorgadas a Kandor Graphics S.L., dedicada a la producción y realización de películas de cine y que recibió cinco millones de euros de los fondos Jeremie.

17 empresas

Los agentes dicen haber localizado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) la contestación del Consejo de Gobierno a una pregunta escrita relativa a fondos Jeremie para proyectos empresariales de fecha 16 de septiembre de 2010.

Así, el entonces consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, manifestaba en esta contestación que "con cargo a la iniciativa Jeremie, a fecha 28 de julio de 2010, se habían incentivado 17 proyectos" por importe total de 62 millones de euros, proyectos entre los que se encuentran Kandor Graphics --cinco millones--, Urende --12 millones--, Below Marko S.A. o Bogaris Retail 5 --diez millones de financiación "conseguidos en siete días", destacando que su apoderada era la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz--.

"Es destacable que de las 17 empresas que aparecen en el listado del referido documento, una es un empresario individual, dos tienen el domicilio social fuera de Andalucía --por lo que no serían seleccionables para el programa Jeremie--, una no tiene inscripciones en el Registro Mercantil desde 2010 y hasta el día de la fecha diez han solicitado concurso de acreedores", asevera la UDEF.