El campo de minas en el que se ha convertido el Parlamento de Andalucía en el arranque de legislatura más enrarecido que se recuerda dejó la pasada semana dos escenas llamativas. La primera la de un hemiciclo con 48 sillones huérfanos, los de PP y Podemos tras su abandono de la Cámara como sonora protesta por un nuevo bloqueo -un suma y sigue- al debate de sus proposiciones de ley. Al día siguiente, jueves, el líder del PP, Juan Manuel Moreno, deslizaba una frase en una pregunta dirigida a la presidenta, Susana Díaz, que amenaza con tener recorrido más allá del Hospital de las Cinco Llagas. El PSOE ya ha anunciado, de hecho, que su protesta llegará a Madrid. Consciente de que el filón es inagotable, Moreno alertó de que “la Fiscalía Anticorrupción está instalada en Andalucía” y a partir de ahí abrió la caja de los truenos.

Con intencionalidad o mero desliz, el presidente regional de los populares  tocaba la llaga que más ha supurado en la última década de los apéndices de la Administración regional. El comentario adornaba una intervención focalizada en los fondos Jeremie, el último y más reciente eslabón de la interminable cadena de escándalos que el PSOE arrastra de juzgado en juzgado con su riada de imputados detrás y, lo más sangrante a los ojos del ciudadano, con una catarata de millones de rastro difuso o desaparecidos por los sumideros más oscuros de las consejerías. 

Un suma y sigue

La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto ahora sus ojos sobre los fondos Jeremie, pero en la recámara aún aguardan los otros dos grandes escándalos que persiguen a los socialistas: el de los ya famosos ERE,  con su millón de ramificaciones, y el de los cursos de formación de la Junta, con una comisión de investigación a punto de arrancar en el Parlamento. Sólo en esos tres casos la lupa de la maquinaria judicial planea sobre un montante de casi 4.000 millones de euros, los que movieron en global las ayudas cuestionadas, aunque la cantidad sobre la que está puesta el foco en los órganos de Instrucción es menor porque parte de esas cantidades, milagrosamente, parece que cumplieron su cometido. La bola de nieve, no obstante, podría seguir agigantándose ladera abajo en los próximos meses.

 Sólo el mayor escándalo de la historia reciente de Andalucía, el de los ERE, trata de arrojar luz sobre el destino que la Junta dio a los más de 1.200 millones de euros movilizados para sufragar las supuestas prejubilaciones de empleados de empresas en crisis. La red destapada en 2009 a partir de un presunto intento de extorsión a empresarios del restaurante sevillano La Raza afloró un auténtico lodazal de desvío de fondos, ayudas ilegales, jubilaciones ficticias y pagos millonarios a intermediarios que salpica ya, entre imputados y procesados, a casi 270 implicados. El PP ha cuantificado siempre el fraude en “más de mil millones” y de hecho la juez Alaya, que compite con su compañera Núñez Bolaños en una indisimulada batalla por recuperar el caso en la integridad, llegó a cifrarlo en torno a los 855 sumando todas las ramificaciones. El Supremo arrojó un jarro de agua fría en torno a esas pretensiones en junio argumentando una paradoja: aunque todo el proceso de ayudas era ilegal, casi 700 millones llegaron realmente a manos de trabajadores. La investigación, pese a todo, da por confirmada una bolsa de fraude de 136 millones (la Administración central elevó sus cálculos a 152) que incluiría 12,3 millones en prejubilaciones falsas, otros 73,8 millones en subvenciones irregulares y hasta 68 millones en entrega de comisiones ilegales. Por ahora.

El segundo episodio puede dejar en pañales incluso a los ERE. Sólo entre 2007 y 2013 la Junta destinó hasta 2.875 millones a costear cursos de formación para desempleados, de ellos casi 1.200 llegados de Bruselas. Las empresas  cobraban, pero los cursos no se impartían o se convocaban sin alumnos en una práctica extendida a todas las provincias. La Junta había reclamado a mitad de año la devolución de sólo 72 millones.

Y para completar el cuadro el caso Jeremie, instrumento sufragado por la UE para acercar financiación a empresas. En total, 235 millones que, según las indagaciones, entre otras irregularidades fueron a sociedades a punto de desaparecer y que puede desglosarse en otra causa además de la de Invercaria.

Detenciones, imputados, comisiones...

Además de fondos despilfarrados o malversados, los escándalos que han rodeado en los últimos años la gestión de la Junta de Andalucía dejan un carrusel de salpicados por uno u otro motivo. Desde expresidentes imputados, como Manuel Chaves o José Antonio Griñán, a una larga lista de exconsejeros que podría ampliarse en breve tras perder cuatro de ellos la condición de aforados. Sólo el caso de los ERE suma casi 270 imputados, entre los que figuran, además de los expresidentes, la exministra Magdalena Álvarez, sindicalistas, empresarios, hijos de Ruiz-Mateos o futbolistas.

El primero en pasar por prisión fue Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Empleo, que según la investigación llegó a conceder ayudas ilegales incluso a su suegra y del que su antiguo chófer declaró que había gastado 25.000 euros en “cocaína y alcohol” para su consumo. El caso de los cursos de formación, que instruyen de forma paralela en la actualidad casi 20 juzgados andaluces, forzó también 90 detenciones a principios de año y otras 30, todos exaltos cargos de la Junta, en el mes de junio. La responsabilidad política también se mide en Parlamento. La comisión de investigación de los ERE hizo desfilar a políticos y personal técnico con conclusiones descafeinadas porque fueron rechazadas, por diferentes motivos, por PSOE y PP. La esperada de los cursos de formación está a punto de arrancar.