La rebaja de dos puntos en el tramo autonómico del IRPF en 2016 anunciada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es respaldada por los economistas, que demandan otras medidas fiscales como la reforma del impuesto de sucesiones o la reducción de organismos públicos para la contención del gasto.
El presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, ha manifestado a Efe que es "oportunísimo" que se rebaje el IRPF, y ha lamentado "que no se reduzca más".
Ha argumentado que el dinero que la hacienda andaluza deja de ingresar por la bajada -unos 120 millones- "no desaparece de Andalucía, se queda en los bolsillos" de los ciudadanos, de manera que favorece el consumo o la inversión.
Asimismo, ha apuntado que, debido a las diferencias con otras comunidades autónomas, "se viene produciendo una emigración fiscal", especialmente de personas con niveles altos de renta, que ha ocasionado la pérdida de "mucha recaudación, probablemente casi más de lo que se gana" por los tributos.
Si la medida del IRPF es "consistente en el tiempo", puede contribuir a que estas personas establezcan de nuevo su domicilio fiscal en Andalucía, ha indicado, al tiempo que ha opinado que la bajada debería abarcar a todo el mundo, no solo a las rentas inferiores a 60.000 euros.
Ferraro ha indicado que la rebaja del impuesto detrae recursos de la hacienda autonómica, que "ya de por sí está bastante ajustada", y ha planteado que se podrían hacer "ajustes en el gasto" que no tendrían repercusión en la mayoría de los andaluces.
En este sentido, ha señalado hay "muchos organismos absolutamente ineficientes e intrascendentes para el conjunto de los ciudadanos", y que existe un "aparato desmesurado" que no tiene que ver con servicios fundamentales como la sanidad y la educación.
En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, este catedrático de Economía Aplicada -ejerció en la Universidad de Sevilla hasta 2010-, cree que exige una "reforma unificada" de carácter nacional, para evitar diferencias autonómicas.
Por su parte, el catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga Antonio García Lizana, ha afirmado que la "paradoja" de la medida es que "recortando la presión fiscal se pueden incrementar los ingresos".
Por el lado de la demanda, una bajada de la presión fiscal aumenta la renta, el consumo y la inversión, y favorece el crecimiento económico, por lo que puede mejorar la recaudación, mientras que del lado de la oferta supone un incremento de incentivos para que las empresas asuman riesgos, ha explicado a Efe.
Ha sugerido que si se quiere impulsar la economía andaluza habría que "prestar atención" a la tasa de pobreza de la región, que es una de las mayores de España.
Según García Lizana, la reducción de la presión fiscal es importante en la medida en la que se transfieren recursos a la población y contribuye al mantenimiento de la actividad empresarial, pero "no es todo", y "habría que ver qué se hace con la recaudación, como mejorar la educación, por ejemplo".
En opinión del profesor de Teoría Económica y expresidente del Observatorio Económico de Andalucía Joaquín Aurioles, la comunidad tiene un nivel "muy elevado" de presión fiscal, "en contra de lo que se suele pensar", debido a que el nivel de renta es muy reducido.
Una bajada de impuestos "siempre es bienvenida y, en el caso andaluz, muy razonable", ha declarado Aurioles, quien ha apuntado que Andalucía se estaba "quedando al margen" del resto de comunidades en el tratamiento fiscal, que se ha convertido en un "elemento de competencia" entre autonomías.
Aunque el impacto inicial de las medidas -además de bajar el IRPF la Junta devolverá el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos a los transportistas- sea reducido, lo importante es que marca "la línea de bajar la presión fiscal", según el economista, que ha invitado a abordar el impuesto de sucesiones y donaciones.
