El ex director de empleo y ex interventor Junta volverán a declarar por los ERE

Publicado: 06/10/2015
La declaración del exinterventor se celebrará el mismo día en que la juez ha llamado como testigo a la también antigua interventora Rocío Marcos, según han informado fuentes judiciales
La juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha citado a declarar el 21 de octubre al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa, y el exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, que también está imputado.

La declaración del exinterventor se celebrará el mismo día en que la juez ha llamado como testigo a la también antigua interventora Rocío Marcos, según han informado fuentes judiciales.

La juez ha hecho estas citaciones después de que la Audiencia de Sevilla revocara una decisión de la juez Mercedes Alaya, que antes dirigía el juzgado, y accediera a algunas pruebas que solicitó la Fiscalía Anticorrupción.

El exinterventor ha declarado ante la justicia en dos ocasiones, la primera como imputado ante Alaya y la segunda por iniciativa propia el pasado 28 de abril ante el Tribunal Supremo.

En la segunda declaración, Gómez insistió en que sus informes alertando de irregularidades en los ERE debieron llegar a tres consejeros de la Junta, entre ellos al de Hacienda, José Antonio Griñán, pero se "hicieron los sordos" durante 10 años.

Sin embargo, el exinterventor asumió que no envió, ni entregó directamente ninguno de estos informes a ningún consejero, que no se reunió con ninguno de ellos -ni con el presidente-, y que no recibió presiones políticas nunca.

El que fuera interventor de la Junta entre 2000 y 2010 reconoció que solo despachó con la viceconsejera de Hacienda, Carmen Aguayo.

El ex director general de Empleo, por su parte, pidió el 10 de octubre declarar voluntariamente porque su deseo "siempre" ha sido colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Guerrero se acogió a su derecho a no declarar en otra citación que le hizo Alaya por la "especie de secreto sumarial encubierto" que existía en el caso, según su abogado, Fernando de Pablo.

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