Las comunidades autónomas se quejan de la desigual capacidad que tienen para aumentar sus recursos tributarios haciendo uso de su actual capacidad normativa y, por lo tanto, para hacer frente a caídas generalizadas de sus ingresos.
Esa es una advertencia generalizada que se ha plasmado en un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que ha tenido Efe, que recoge los análisis de las comunidades sobre el actual modelo de financiación autonómica, que deberá ser reformado por el Gobierno que surja de las elecciones generales del 20 de diciembre.
Las comunidades de régimen común -todas excepto País Vasco y Navarra- han analizado los pros y los contras del actual sistema y varias de ellas coinciden en apuntar la distinta posibilidad que tienen entre ellas para afrontar caídas generalizadas de sus ingresos mediante el ejercicio de sus competencias normativas, debido a los desiguales resultados de recaudación por habitante.
Algunas autonomías estudian el hecho de que, al no existir una correlación directa entre la presión fiscal en una región y la mayor financiación que puede obtenerse como consecuencia de ese ejercicio competencial, para obtener una misma financiación en los distintos territorios parece necesario incrementar la presión fiscal en mayor medida en unos que en otros.
Por ejemplo, el Gobierno andaluz incide en la desigual capacidad para aumentar sus ingresos mediante cambios tributarios de comunidades como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, frente a otras de mayor renta.
Según sus cálculos, el aumento de una décima en el tipo medio del IRPF lograría 6 euros por habitante en Andalucía, el doble en Madrid -12 euros por habitante- y casi el doble en Cataluña o Aragón -10 euros por habitante-.
De ese modo, pidiendo un mismo esfuerzo a su ciudadano medio hay comunidades que duplican sus recursos, por lo que "la perseguida autonomía fiscal no actúa igual para todas las comunidades", expone en su informe el Ejecutivo de Susana Díaz.
Varias comunidades más muestran su preocupación por esta misma circunstancia y avisan del riesgo de tener que incrementar la presión fiscal de un territorio para prestar los mismos servicios que en otra comunidad, al no haber una previa equidad en la financiación.
Así, se hace hincapié en que las comunidades que han ejercitado una presión fiscal al alza no son las que disponen de unos recursos per cápita más elevados.
Y el peligro, además, es que eso pueda implicar que los contribuyentes trasladen su domicilio fiscal a otras comunidades limítrofes con menor presión fiscal.
Al margen de este asunto, las comunidades han opinado sobre el desplome de los recursos asociado al impacto de la crisis en las finanzas autonómicas, y buena parte de ellas concluye que el sistema no ha garantizado el principio de suficiencia, e incluso algunas señalan que los recursos apenas han permitido financiar los gastos en sanidad y educación.
Por contra, otras argumentan que el crecimiento de los gastos por encima de los ingresos es un problema que se remonta al momento inmediatamente posterior a la cesión competencial de la educación y la sanidad, una infrafinanciación a la que algunas comunidades atribuyen la causa del significativo aumento de la deuda y de los gastos financieros.
