La vicesecretaria de Acción Política y Municipal del Partido Popular andaluz, Ana Mestre, ha anunciado este domingo la presentación en el Parlamento autonómico de una proposición no de ley para que la Junta de Andalucía "cuantifique y pague la deuda" que mantiene con los ayuntamientos andaluces. La iniciativa solicita, además, un calendario de pago y "estabilidad" en los convenios de la Junta con las corporaciones locales.
Mestre ha expresado en una rueda de prensa en Sevilla que "ya no valen más declaraciones de intenciones por parte del Gobierno andaluz, ahora toca retratarse". Asimismo, la dirigente popular ha señalado que la iniciativa ofrece "un acuerdo sobre medidas que doten de solvencia y capacidad a las corporaciones locales para prestar los servicios públicos y garantizar el bienestar de sus vecinos".
Además, ha abogado por el "reconocimiento y respeto a los ayuntamientos, ya que están haciendo frente a la prestación de servicios y políticas sociales con la única respuesta por parte de la Junta de deudas y transferencias inapropiadas para pagar estos servicios", ha criticado.
En esta línea, ha manifestado que el Gobierno andaluz "invita con dinero ajeno y se dedica a dirigir y crear nuevos planes sin contar con que son los ayuntamientos los que tienen que hacer frente a los pagos y a los costes que generan esos planes". En este punto, ha hecho referencia a los planes de empleo de la Junta y ha exigido que "los convenios deben ser pagados en tiempo y forma".
"El Gobierno andaluz pretende que el adelanto de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) se contabilice como pago de los planes de empleo cuando éste es un sistema de financiación incondicionada para el funcionamiento de los ayuntamientos", ha lamentado además.
Otro de los puntos de la iniciativa del PP-A es la retirada del recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo andaluz contra la ley del Gobierno de España que "garantiza la prestación de los servicios públicos en materia de políticas sociales por parte de los ayuntamientos". Mestre ha asegurado que esta ley pretende que "las políticas sociales no estén al vaivén de las transferencias de la Junta, que debería pagar a tiempo a los ayuntamientos lo que les corresponde", ha concluido.
