La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha comenzado a dar cumplimiento al auto del pasado 30 de julio por el que acordó dividir en tres grandes bloques el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares con la formación de las cuatro primeras piezas separadas.

   En una providencia dictada el 30 de septiembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que, "dando cumplimiento a lo acordado por auto de 30 de julio de 2015, se comenzarán a formar paulatinamente las correspondientes piezas separadas relativas" a las empresas Surcolor y Surcolor Óptica, Río Grande, Acyco y Calderinox.

   La juez acuerda que, en cada una de las piezas mencionadas, "se unirá en primer lugar copia digitalizada de las actuaciones principales, de las que se deducirá en formato papel testimonio de los particulares" que indica en la providencia, todo ello "sin perjuicio de que se incorporen en dicho formato aquellos otros que solicitaran las partes en las diligencias que se incoen con la pieza formada".

   Entre los particulares que se incorporarán a cada pieza, la magistrada cita el atestado o atestados presentados, el informe "reservado" de la Junta de Andalucía, y el informe específico de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado referido a cada empresa.

   Asimismo, la juez Núñez pone de manifiesto en esta providencia que, "a cada una de las diligencias que se incoen, se llevarán además las piezas separadas de responsabilidad civil y personal relativa a cada uno de los imputados".

SURCOLOR, LA PRIMERA

   Así, la magistrada ha dictado un auto, fechado también el 30 de septiembre y consultado por Europa Press, en el que incoa nuevas diligencias previas --las 5461/2015-- relativas a la empresa Surcolor y Surcolor Óptica, señalando que "los hechos que resultan de la anterior pieza presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

   Así, explica que, "con el fin de determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable".

   Por ello, la juez incoa diligencias previas sobre Surcolor y Surcolor Óptica y acuerda dar traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas para que, a la vista del contenido de la pieza, señalen otros particulares que deban incorporarse en formato papel a las presentes diligencias.

LA DIVISIÓN

   El pasado 30 de julio, la juez María Núñez Bolaños dividió la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otro bloque con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.

   "Es innegable que la división contribuiría decisivamente a la agilización de la causa, 'simplificación y activación del procedimiento' artículo 762. 6º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", señala la juez, que añade que "existen expedientes de concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales respecto de los cuales prácticamente no quedan diligencias que acordar y en las que en muchas de ellas no se ha avanzado nada, prácticamente, desde el inicio de la instrucción, pudiendo ser elevadas a enjuiciamiento de forma inmediata".

   La división del caso ERE, a la que se opuso reiteradamente su antecesora, la juez Mercedes Alaya, ha sido recurrida por una decena de imputados, entre ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, quien entiende que las penas para algunos de los imputados, al ser sometidos a varios juicios, "podrían exacerbarse al punto de --es así, puramente y sin exageración-- llegar a doblarlas".

   La juez acordó dividir el caso sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificara definitivamente el plan de actuación aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el que se asignó a Alaya el caso de los ERE irregulares y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las restantes 'macrocausas', como son las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

   La Sala de Gobierno del TSJA aprobó el reparto propuesto por la juez María Núñez excepto en lo relativo al caso ERE, acordando que Alaya, que ha obtenido una de las dos comisiones de servicio para reforzar el Juzgado, debería encargarse también de la causa de los ERE "hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, reiterada por el Ministerio Fiscal y pendiente de respuesta judicial".

   Tras conocer que la magistrada ha acordado dividir el caso, el CGPJ solicitó un nuevo informe al TSJA, que abordará definitivamente el asunto en su reunión del próximo día 13 de octubre.