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Martes 07/12/2021  

Tecnología

Andalucía aplicará primer protocolo ante violencia género en redes sociales

El protocolo pretende hacer frente a un tipo de violencia que se manifiesta "cada vez más" a través de los canales de relación y comunicación utilizados por la juventud y que ha generado "riesgos específicos" como la multiplicación de sus efectos por la capacidad de difusión, repetición y viralidad

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Andalucía será la primera comunidad autónoma que aplicará en España un protocolo institucional contra la violencia de género en las redes sociales, cuyo objetivo es que los profesionales en este ámbito puedan disponer de las herramientas y pautas necesarias para atender de manera adecuada a las víctimas.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, ha presentado hoy ante el Consejo de Gobierno de la Junta el documento de esta iniciativa, que ofrecerá al equipo de profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) las herramientas para atender a las víctimas y a quienes presentan síntomas de sufrir violencia vinculada a las nuevas tecnologías.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha justificado la necesidad de esta iniciativa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que por el momento no hay legislación específica para hacer frente a un fenómeno "en auge" por el aumento de las relaciones a través de internet y las redes sociales.

El protocolo institucional pretende hacer frente a un tipo de violencia que se manifiesta "cada vez más" a través de los canales de relación y comunicación utilizados por la juventud y que ha generado "riesgos específicos" como la multiplicación de sus efectos por la capacidad de difusión, repetición y viralidad; el mayor anonimato del agresor, y la continuidad en el tiempo.

Otros riesgos, según ha recordado el portavoz, son la ilimitada exhibición de la intimidad; las posibilidades de suplantación de la personalidad de la víctima, o la facilidad para el control permanente a través de medios como geolocalizadores, estado on line o seguimiento de conexiones.

En el documento que ha elaborado la consejería se define como 'ciberdelincuencia de género' toda aquella violencia contra las mujeres que se lleva a cabo a través de las tecnologías de la información y la comunicación, principalmente por revelación de secretos, injurias y calumnias, trato denigrante, difusión de imágenes, usurpación de identidad, acoso sexual de menores, amenazas, coacciones y extorsión sexual.

En el marco de las pautas para la detección y actuación ante cualquier señal de alarma relacionada con estos riesgos, el protocolo establece medidas que pueden aplicarse en cualquiera de las fases del proceso de atención a la víctima.

Para ello, todos los formularios de atención (psicológica, jurídica o social) incluirán parámetros descriptivos para la recogida exacta de información sobre cualquier episodio, y los informes deberán utilizar la terminología propia de las TICs, para lo cual se proporciona un glosario de más de 200 palabras.

Según marca el documento, el área social del IAM valorará las redes sociales en las que intervienen tanto el agresor como la víctima, con el fin de evaluar el impacto sobre su vida y sobre las de los menores a su cargo y familiares.

El área de atención psicológica será la máxima responsable de la recogida completa del relato, ya que es en este ámbito en el que mejor se pueden detectar los ataques a través de las TICs y donde se evalúan las consecuencias.

Una vez recogida toda la información, se elaborará un diagnóstico y una planificación donde se valorará la conveniencia de seguir pautas de seguridad informática y, en coordinación con el área jurídica, las medidas legales necesarias.

Asimismo, se incluye la adopción de estrategias terapéuticas para paliar los efectos del acoso y de las crisis de reputación, así como para dar el apoyo necesario durante la exposición gráfica de las pruebas electrónicas en el procedimiento judicial.

El protocolo subraya la importancia de la prueba electrónica en la denuncia y en todo el proceso judicial, para lo que dedica un amplio apartado a las pautas que se deben dar a la usuaria para garantizar su seguridad informática y para recabar las pruebas que puedan servir en un juicio, como imágenes, vídeos o wasaps.

Finalmente, el protocolo recoge los principales signos de alarma para detectar la 'ciberdelincuencia de género', que deben tener en cuenta tanto la víctima como el equipo profesional que la atiende.

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