La Mesa de la Ría va a presentar escrito de impugnación contra el recurso que Fertiberia ha interpuesto frente al auto de la Audiencia Nacional que elevaba hasta los 65,9 millones de euros el aval para garantizar la restauración de las balsas de fosfoyesos de Huelva, que ha calificado de "broma pesada".
El colectivo ciudadano, que es parte en la causa, se ha mostrado, a través de un comunicado, "estupefacto" por este recurso y ha recordado que ya solicitó en 2014 un aumento de dicho aval hasta los 2.500 millones de euros, cifra estimada del coste de una verdadera restauración de la marisma, es decir, de la devolución de la misma a su estado natural.
Para la Mesa de la Ría es "una broma pesada" que la compañía asevere en su recurso que no dispone dinero suficiente para un proyecto que sus mismos técnicos han valorado en ese importe, pues "si eso fuera cierto, ¿cómo pensaban entonces ejecutar dicho proyecto?", se han preguntado.
Según la Mesa de la Ría, esta situación "da idea de cuáles son las verdaderas pretensiones de la empresa condenada, es decir, llevar a cabo una chapuza de proyecto de restauración, consistente en enterrar los fosfoyesos sin ninguna garantía medioambiental ni de protección de la salud de las personas del entorno".
Asimismo, consideran "ofensivas" las afirmaciones de Fertiberia de que "la inversión realizada hasta el momento ha sido de 40 millones de euros, pues la única operación realizada por Fertiberia hasta ahora es la fase de evaporación del agua de las balsas", por lo que "nadie en su sano juicio puede creerse dicha valoración".
Del mismo modo, Fertiberia pretende hacer creer a la Audiencia Nacional que los gastos realizados por el Expediente de Regulación de Empleo que llevó a cabo para el despido de dos tercios de la plantilla de sus trabajadores también forman parte de los "gastos de restauración" llevados a cabo hasta el momento, y lo afirma tal cual, sin ningún pudor ni vergüenza".
Por último, desde Mesa de la Ría ha recordado "que la Sentencia de la Audiencia Nacional sólo le obligaba a dejar de verter los fosfoyesos en la marisma del Tinto, pero no le impedía seguir con la producción y trasladar los residuos a un vertedero autorizado, con lo que se evidencia que su única intención era continuar en funcionamiento siempre y cuando se le permitiera incumplir las obligaciones legales que las leyes establecen en materia de gestión de residuos, abaratando costes a base de destruir el entorno".
