La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que, dentro de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, tome declaración como imputados a los exconsejeros de la Junta Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Carmen Martínez Aguayo, todo ello "al haber perdido la condición de parlamentarios andaluces y por tanto su fuero especial", aforamiento que motivó que inicialmente fueran investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

   En un escrito elevado el 21 de septiembre al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita que lo anterior se realice "a la mayor brevedad que sea posible teniendo en cuenta la evidente y notoria carga de trabajo del Juzgado", que además del caso ERE investiga las irregularidades en los cursos de formación o los avales y ayudas concedidos a empresas por la agencia IDEA.

   La Fiscalía realiza esta petición al "constar ya unido a la causa el testimonio remitido por el TSJA de sus diligencias previas incoadas en la causa especial número 1/2015, al haber perdido la condición de parlamentarios andaluces y por tanto su fuero especial" dichos exconsejeros, por lo que solicita a la juez que "proceda a instruirles del contenido del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dándoles expreso traslado de sus respectivas imputaciones y fijando fecha para recibirles declaración, con todas las garantías procesales, en calidad de imputados".

   A su juicio, "es necesario, una vez recibida la causa del Alto Tribunal andaluz, otorgar a los antiguos parlamentarios andaluces expresamente la condición de parte en estas diligencias previas, tomando así expreso conocimiento los inculpados no solo del contenido de toda la causa sino también del contenido de los indicios que pesan sobre cada uno de ellos, de manera individualizada", unos indicios que "constan de manera detallada" en la exposición razonada elevada al TSJA el 21 de enero de 2015 por la juez Mercedes Alaya, ahora en la Audiencia Provincial.

EL OBJETIVO, EVITAR QUE SE ALEGUE PRESCRIPCIÓN O INDEFENSIÓN

   El Ministerio Público considera que, de este modo, "se daría perfecto cumplimiento a la previsión del artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a lo dispuesto en el vigente artículo 132,2 1º del Código Penal".

   "Esta petición de relación individualizada de hechos imputados se considera necesaria además para evitar que en cualquier momento procesal posterior, las defensas de los ahora y en el futuro inculpados puedan alegar, en defensa de sus legítimos intereses, la prescripción o cualquier tipo de indefensión derivada de no poder articular de manera eficiente sus medios de defensa", asevera la Fiscalía.

   Y es que, "de prosperar" lo anterior, "podría derivar en una nulidad de todo o parte del procedimiento, causando así la destrucción o cercenación parcial del material probatorio, y por ende imposibilitar o dificultar al Ministerio Fiscal la formulación de un sólido escrito de acusación al carecer de prueba válida suficiente", dicen los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra.

   Los fiscales realizan esta petición de imputación porque entre sus funciones está la de "velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas acciones exija su defensa" y, asimismo, "para dar cumplimiento a lo establecido de manera específica en el vigente artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando recoge la obligación del Ministerio Fiscal de 'velar por el respeto de las garantías procesales de los imputados y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito'".

SOLICITA SUS AGENDAS ENTRE 2000 Y 2011

   Además, también se refieren en su escrito al auto dictado el pasado 16 de septiembre por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial por el que se acordaba la aportación a la causa, por ser "de utilidad para la instrucción", de "todas las agendas en el periodo 2000-2011" de 12 imputados de las que la Junta pueda disponer "como cargo, empleado público o contratado externo --Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta", y piden a la juez que amplíe el requerimiento a los cuatro exconsejeros anteriormente aforados.

   Estos 12 imputados son la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Álvarez; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez; los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; los ex directores generales de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois; el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el ex diputado Ramón Díaz Alcaraz y la ex asesora de Empleo María José Rofa.