La cuenta atrás ha comenzado. El Parlamento de Andalucía dará la próxima semana los primeros pasos para constituir la comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta, la segunda en los últimos veinte años tras la de los ERE fraudulentos.
Una vez aprobada por el pleno, el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, deberá dar curso a su constitución, con representantes de todos los grupos y un presidente que vigile su funcionamiento.
La última comisión de investigación aprobada fue la de los ERE fraudulentos en el verano de 2012.
En esta ocasión, todos los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos, Podemos e IU) se han postulado con distintos argumentos para presidir una comisión que tendrá también que consensuar el listado de personas que tienen que comparecer o la documentación que pedirá a la Junta.
En la comisión de los ERE comparecieron 25 personas, entre ellas los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados luego por el Tribunal Supremo (TS), y todo indica que ambos podrían volver a ser citados en la investigación de la formación.
La duda se cierne en si comparecerá la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como pretende el PP, petición "estrambótica" según el Gobierno andaluz y el PSOE, que esgrimen que Díaz llegó a la Presidencia en septiembre de 2013.
Ciudadanos, que no vetará la comparecencia de la presidenta, quiere que su diputado por Huelva y miembro de la Mesa, Julio Díaz, sea el presidente de la comisión, para lo que sería suficiente el apoyo del PSOE.
Con este escenario, todo indica -según fuentes parlamentarias consultadas por EFE- que la comisión será constituida a partir de mediados de este mes para comenzar sus trabajos e interrogatorios en la segunda quincena de octubre. Sus comparecencias podrían coincidir con la campaña de las elecciones generales, que previsiblemente serán el 20 de diciembre.
De hecho, algunos grupos como Ciudadanos y el PP no descartan pedir que paren las comparecencias en la comisión durante el periodo electoral. Podemos o IU rechazan esta posibilidad y apuntan ya al "peligro" de que la comisión sea "blanda o descafeinada".
Las sospechas las ha lanzado también el PP, que ha instado a Ciudadanos - que pactó la investidura de Díaz- a aclarar si se comportará como un "agente secreto para minimizar los daños" del PSOE.
Constituida la comisión, las personas que serán interrogadas tendrán que ser citadas con 15 días de antelación, y una vez cerrado el proceso de consultas y declaraciones los grupos deberán proponer conclusiones para el dictamen final que se debatirá y votará en el pleno del Parlamento.
La investigación se refiere a las subvenciones otorgadas por la Junta desde 2002 hasta la actualidad, mientras las pesquisas judiciales sobre el presunto fraude llegan hasta el 2012.
Un año antes, en el 2011, la Junta paralizó los cursos de formación por un presunto fraude que está siendo investigado por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Unos 18 juzgados andaluces tienen causas abiertas sobre el fraude, entre ellos el número 6, del que era titular la jueza Mercedes Alaya, que ha imputado a los exconsejeros socialistas Antonio Fernández y Ángel Ojeda.
Además, la Junta lleva a cabo una investigación interna sobre las ayudas concedidas desde 2008, lo que implica la supervisión de unos 8.505 expedientes, con subvenciones que suman 1.613 millones.
El Gobierno andaluz ha pedido el reintegro de 20,8 millones de euros concedidos, aunque las irregularidades pueden sumar 71 millones de euros.
