El laberinto fraudulento de las prejubilaciones ilegales y los ERE se ha enredado un poco más -si cabe- tras conocerse que la Justicia ha puesto también en el punto de mira de sus indagaciones a la Administración central. Señalada hasta la saciedad en los últimos años la Junta de Andalucía por la presunta implicación de altos cargos de Empleo en la trama, los tentáculos de esa red que habría malversado cientos de millones pueden salpicar ahora también al Ministerio de Trabajo, de cuya actuación en 2003, la última etapa del Gobierno de José María Aznar, en las prejubilaciones de casi 1.200 empleados de la Faja Pirítica de Huelva acaba de pedir documentos la juez María Núñez Bolaños.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla -el que investiga las irregularidades de los ERE, antes con Mercedes Alaya al frente- ha reclamado información urgente a la dirección de la Seguridad Social en Huelva tras recibir un escrito de la Guardia Civil que la alerta de que el Ministerio de Trabajo habría utilizado, presuntamente, “de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria” los listados en los que figuraban las edades de los trabajadores que finalmente se acogieron a las polémicas prejubilaciones. El tiempo demostró que hasta 334 de aquellos supuestos empleados del sector minero onubense no podían acogerse legalmente a los ERE por las razones más variopintas: por no haber pisado jamás una mina o, en la mayor parte de los casos, por contar con menos edad de la requerida.
Ese último listón, que limitaba las ayudas a mayores de 55 años aunque sujeto a factores correctores, era el origen de la trampa. La Guardia Civil cree haber constatado que la Administración central era consciente de que los listados eran “erróneos al alza” y recuerda que era el Instituto Nacional de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, el organismo con competencias para haber enmendado lo que se supone ahora un error voluntario.
El caso de la Faja Pirítica no es nuevo, de hecho se arrastra desde hace años, pero sí el giro que podría dar en la búsqueda de responsables. Tanto, que la propia Guardia Civil eximía de responsabilidad al Gobierno central en el caso hace apenas unos meses, en abril, y señalaba tan sólo a la Junta de Andalucía, personificando la causa en el exconsejero José Antonio Viera. El acuerdo suscrito en 2002 entre los Gobiernos del PP, en Madrid, y del PSOE, que hacía lo propio en San Telmo, para encontrar salida a los trabajadores del sector minero parece ahora colocarles de la mano al frente de las presuntas responsabilidades.
Juan Ignacio Zoido, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y delegado del Gobierno en Andalucía en la etapa investigada, mostró ayer su plena disposición a entregar “toda la información” que requiera la juez.
