La crisis que ha azotado España en los últimos años ha dejado entre sus legados un páramo laboral en el que, insiste el Gobierno central, comienza a verse la luz al final del túnel. No habido sector productivo indemne e incluso la Administración, que el ideario colectivo considera blindada ante los ajustes de plantilla, ha sufrido los envites de la recesión. En Andalucía, desde 2009, el sector público ha adelgazado en 8.592 empleados y ha pasado de los 495.820 efectivos que engrosaban su plantilla en enero de ese año hasta los 487.228 que contempla el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Pública, un documento que elabora de forma periódica el Ministerio de Hacienda.
El dato, una radiografía en versión laboral de ese gigantesco entramado que abarca desde los organismos estatales hasta los autonómicos y locales, implica que la nómina de empleados al servicio de la Administración se ha recortado en Andalucía un 1,73%. Pese a todo, sería mucho más favorable que la media nacional, que revela cómo en estos seis años en toda España ha desaparecido un 3,5% de los puestos del sector, casi el doble que en la región al desplomarse, en conjunto, desde los 2,63 a los 2,54 millones de trabajadores. Las cifras, no obstante, son siempre un foco de conflicto entre los distintos Gobiernos y los sindicatos y la oposición de turno, ya que no contabilizan altos cargos, no reflejaría el volumen real de interinos y esquivaría el grueso de las plantillas de la llamada Administración paralela.
Discutidos o no, los datos objetivos arrojan un recorte más abultado en la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, de los que se han esfumado 20.368 empleados desde 2009, casi un 8% del total (de 257.917 a 237.549), mientras que los servicios dependientes de la Administración central habrían prescindido de otros 5.101, pasando de 91.360 a 86.259). El contraste lo arrojan las universidades, que según el Ministerio de Hacienda han ampliado durante ese periodo hasta un 26% su número de efectivos (de 19.419 a 24.642), y los ayuntamientos y corporaciones locales, que pese a su supuesta asfixia económica durante la crisis emplean ahora a 11.654 personas más en toda Andalucía (127.124 en 2009 por los 138.778 de 2015).
La contracción laboral en el sector público andaluz implica que la región ha destruido uno de cada diez empleos devorados por la Administración en España. Las consejerías de la Junta han eliminado casi diez mil y la Sanidad, por ejemplo, cuenta ahora con 7.265 efectivos menos. La docencia no universitaria ha mermado en otros 2.300, aunque en esa parcela la batalla sobre el impacto real de las interinidades es donde, quizás, cobra más fuerza.
