La Junta de Andalucía ha rechazado este miércoles un registro específico para la atención sanitaria a inmigrantes que no tienen regularizada su residencia en la Comunidad y que carecen de recursos económicos y aseguramiento por considerarlo "discriminatorio y disuasorio".

   En un comunicado, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, tras conocer el anuncio realizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la puesta en marcha de un registro en el que tendrán que figurar estas personas, ha expresado su disconformidad con esta medida, al considerar que este colectivo no debe estar sometido a más "discriminaciones o segregaciones" con una base de datos específica.

   En este sentido, ha explicado que la información clínica de los inmigrantes debe ser tratada "de igual forma a la del resto de la población española". Al mismo tiempo, ha recordado que el Gobierno andaluz sigue defendiendo "una sanidad pública universal, con el mismo acceso y los mismos derechos para toda la población", tal y como se viene prestando en la Comunidad andaluza desde 1999.

   "Sólo hay una sanidad pública posible, la universal, por lo que no admite excepciones, discriminaciones o ambigüedades en los compromisos adquiridos, tal y como ha reiterado en diferentes consejos interterritoriales", ha explicado, pues en este sentido, el consejero ha exigido la retirada del Real Decreto Ley de 2012, que "excluye explícitamente a estas personas".

   La Consejería ha explicado que la vía de entrada de la población inmigrante, al igual que ocurre con el resto de la población, suele ser la atención primaria, pero también puede ser puerta de entrada las Urgencias de los centros asistenciales, por lo que la Junta ha indicado que "nunca se admitirá reconocer el acceso de este colectivo únicamente a atención primaria".

   Según ha recalcado, el acceso debe ser al conjunto de la cartera de servicios sanitarios, como son las consultas de atención primaria, consultas de atención especializadas, urgencias, o prestación farmacéutica, entre otros.

   Alonso ha explicado que la creación de un registro "único" y "específico" puede, igualmente, "disuadir a la población del uso de los recursos sanitarios por temor, especialmente teniendo en cuenta que muchas de estas personas tienen una situación irregular en el país".

   Según ha asegurado el consejero, este rechazo se trasladará en la próxima reunión técnica de la comisión de prestaciones convocada para el día 2 de septiembre, en la que no estarán presentes los consejeros, sino el personal técnico de las diferentes administraciones sanitarias.

   Para la Administración andaluza, la defensa de la universalidad es "una decisión solidaria y de salud pública que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos", ha indicado Alonso.

MÁS DE 110.000 PERSONAS ATENDIDAS

   En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la Comunidad.

   Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos.

   Con este documento se hace posible la identificación de los inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

   El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido, en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la Comunidad.

   Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno central que deja sin cobertura a los inmigrantes, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 inmigrantes que "se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal". En este sentido, actualmente, son 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal.

ANDALUCÍA SEGUIRÁ ATENDIENDO A LOS INMIGRANTES

   "La exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro", ha asegurado la Consejería, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es "baja".

   De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. La frecuentación de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6 por ciento de las consultas totales, el 2,3 por ciento de la asistencia a urgencias y el siete por ciento de los partos atendidos.

   "Andalucía seguirá, por tanto, atendiendo en las mismas condiciones a esta población, frente a las amenazas recibidas en las últimas semanas por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de multas por parte de la Unión Europea, cuyos responsables se han desmarcado públicamente de estas afirmaciones", ha concluido el consejero.