La Junta de Andalucía continuará garantizando asistencia sanitaria a los extranjeros que no tienen regularizada su residencia en la comunidad y que carecen de recursos económicos, según ha anunciado este viernes, cuando el consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha calificado de "inadmisibles las amenazas del Ministerio".
En un comunicado, Alonso, que ha destacado que en Andalucía siempre han defendido "la universalidad de la sanidad pública sin hacer distinciones en función de los recursos económicos", ha explicado que es "una decisión solidaria que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos" y ha recordado que en territorio andaluz se viene garantizando esta asistencia desde 1999.
Asimismo, desde ese año, la comunidad ha garantizado la asistencia sanitaria "mediante diferentes instrucciones que se han ido adaptando a las necesidades de cada momento y siempre dentro de la legalidad vigente y la competencia autonómica".
"La atención sanitaria a extranjeros no regularizados se mantendrá, por tanto, por razones humanitarias y de salud pública", ha señalado el consejero, quien, además, ha indicado que es "absolutamente falso" que esta protección a inmigrantes "incumpla o pueda contravenir los acuerdos sobre asistencia sanitaria a ciudadanos de países miembros de la Unión Europea".
Además, según ha destacado, el propio Ministerio ha remitido a las comunidades el documento 'Acuerdo sobre criterios mínimos para la dispensación de asistencia sanitaria y protección a la salud a extranjeros en situación irregular', con el objeto de homogeneizar la atención que se ofrece a estas personas en las distintas comunidades.
Con este documento, según Alonso, el Ministerio ha intentado "consensuar con las comunidades la asistencia a personas inmigrantes y, de forma general, volver a la situación anterior al Real Decreto Ley de 2012 que los dejaba fuera".
"Ahora el Ministerio amenaza con penalizaciones y sanciones a las comunidades que ofrecen asistencia sanitaria y usa como arma la presión de la Unión Europea", ha criticado el consejero, al mismo tiempo que ha pedido "coherencia y claridad" al Ministerio de Sanidad porque "no se puede jugar con la salud de personas tan vulnerables como los inmigrantes sin recursos que llegan a nuestro país".
ATENCIÓN EN ANDALUCÍA
En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma.
Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos.
Con este documento se hace posible la identificación y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.
El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido, en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad.
CRÍTICA A LA NORMATIVA ESTATAL
Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno que los deja sin cobertura, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 que "se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal". En este sentido, la Consejería ha indicado que, actualmente, son 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal.
Según la Administración andaluza, la exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es "una medida de ahorro, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja".
De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. La frecuentación de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6 por ciento de las consultas totales, el 2,3 por ciento de la asistencia a urgencias y el siete por ciento de los partos atendidos.
