El PP andaluz ha denunciado este martes que han muerto en Andalucía un total de 7.781 personas entre 2013 y 2015 que solicitaron acogerse a la Ley de Dependencia y que fallecieron antes de ser valorados por el Plan Individual de Atención (PIA) o antes de llegar a percibir la prestaciones correspondientes por parte de la Junta.
Así lo ha denunciado en rueda de prensa la vicesecretaria de Política Institucional, Estudios y Programas del PP-A, Patricia del Pozo, quien se ha preguntado si "nadie va a dimitir o se va a responsabilizar de estos hechos" y "cuántos andaluces más tienen que morir esperando a ser valorados o a recibir su prestación".
En su opinión, "la dejadez y falta de responsabilidad" en las políticas sociales del Gobierno de Susana Díaz "empieza a poner en riesgo" la vida de los andaluces. "Desde el PP no vamos a dejar de denunciar esta situación y si evitamos una sola muerte todo lo que hayamos hecho habrá merecido la pena", ha añadido.
La dirigente 'popular', que ha anunciado que su formación va a pedir la comparecencia "inmediata" en el Parlamento de la consejera de Igualdad y Asuntos Sociales, María José Sánchez Rubio, para que dé explicaciones, ha apuntado también que en estos momentos hay 18.186 dependientes en "lista de espera" para ser valorados.
Una cifra que, según ha explicado Del Pozo, la Junta asegura en una respuesta parlamentaria que "no es significativa". "Esta cifra demuestra la gran falsedad de las políticas sociales del Gobierno de Susana Díaz", ha apuntado la 'popular', quien ha dicho que a su partido le "entristece y abochorna" que pasen estas cosas en Andalucía.
NIEGA RECORTES DEL GOBIERNO DE RAJOY
Ha negado que el Gobierno de Rajoy haya realizado recortes en materia de dependencia y asegurado que la Junta ha recibido la parte que al Gobierno central le corresponde aportar en esta materia. Según ha destacado, Andalucía es la comunidad que más fondos ha recibido del Estado para dependencia, por lo que ha pedido a la Junta que no intente tapar su responsabilidad.
Durante su intervención, Del Pozo ha denunciado también los recortes y la falta de ejecución presupuestaria del Gobierno andaluz en materia social. A fecha de 30 de junio del presente año, ha dicho que la Junta solo ha transferido a los ayuntamientos 1,8 millones de los 48 millones presupuestados para los programas de bienestar social.
A esa misma fecha, según ha señalado la 'popular', el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene 318 millones pendientes de pago a proveedores, a pesar de que entre 2012 y 2013 el Plan de Pago del Gobierno de la Nación permitió a la Junta pagar 775.000 facturas del SAS por importe de casi 3.000 millones.
Del Pozo ha indicado también que la Junta le debe casi cuatro millones a las empresas de diálisis y hemodiálisis, más de cuatro millones a las entidades de transporte sanitario, más de 20 millones a las pequeñas empresas de prótesis e implantes y cinco millones a las asociaciones que atienden a niños con espina bífida.
