El portavoz de Ciudadanos (C's) en el Parlamento, Juan Marín, ha asegurado que su formación no ha visto indicios de corrupción en los altos cargos de la administración imputados tras analizar la información que el PSOE-A les ha facilitado "hasta el momento", aunque aún les falta documentación por recibir de varios casos.
En una entrevista concedida a Europa Press, Marín se ha pronunciado así en relación a los cinco altos cargos de la Junta imputados sobre los que su formación reclamó explicaciones la semana pasada al Gobierno andaluz, advirtiendo de que pedirían el cese de estas personas si las imputaciones eran en materia de corrupción.
Como se recordará, PSOE-A y Ciudadanos firmaron el pasado mes de junio un acuerdo político que facilitó la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta y en el que se recogía, entre otras cuestiones, que no podría haber ningún imputado por corrupción en ningún cargo público.
Según ha explicado Marín, tras reclamar explicaciones en el seno de la comisión de seguimiento del acuerdo de investidura, el PSOE-A les ha enviado hasta el momento la información relativa a los casos que atañen a Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva, y a Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada.
"Estamos valorando la información y dándole un trato pormenorizado caso a caso", ha destacado el dirigente de C's, destacando que en uno de los casos el fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa y en el otro el fiscal informa de que derivará en un procedimiento contencioso-administrativo porque es un tema relacionado con un denuncia entre un particular y una empresa pública por un tema de vertido".
Marín ha insistido en que, "de momento", su formación no ha visto nada que tenga que ver con lo que han plasmado en el documento firmado con los socialistas, en el que se hablaba de casos de corrupción política, es decir, "donde haya un dolo o un daño contra los intereses generales de los ciudadanos o donde haya personas que se hayan aprovechado de su cargo para enriquecerse".
Tras apuntar que su formación espera que el PSOE-A les mande el resto de la información y que entiende que ello sea más difícil en un mes de agosto, el portavoz parlamentario de C's ha considerado necesario que se ponga una línea entre un tipo y otro de imputados. "A mí me pueden imputar por tirar un papel desde mi coche por un delito contra la seguridad del tráfico, pero eso no es corrupción", ha señalado.
ACTUARÁN CON "RESPONSABILIDAD, RIGUROSIDAD Y SERIEDAD"
Así, ha hecho hincapié en que su formación no va a tomar decisiones "porque algunos medios saquen determinados titulares", sino que va a actuar con "seriedad, rigurosidad y responsabilidad". "Una vez que analicemos toda la información veremos si hay que pedir o no alguna dimisión, pero hasta el momento pocos argumentos vemos", ha añadido.
El resto de cargos públicos sobre los que Ciudadanos ha pedido explicaciones son Sandra García, delegada del Gobierno en Granada; Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta; y José Manuel Ortiz Bono, delegado provincial de Almería.
En relación al caso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, que ha supuesto el cese de la directora general de Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, tal y como Ciudadanos había reclamado, Marín ha dicho que su formación no descarta pedir o apoyar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento.
"SI HAY QUE ABRIR LA COMISIÓN SE ABRIRÁ"
Si bien, ha recordado que el Reglamento de la Cámara solo permite una comisión de investigación por periodo de sesiones y que en el próximo se celebrará la relativa al presunto fraude con los casos de formación. "Pero si hay que abrirla se abrirá en el siguiente", ha señalado el dirigente de Ciudadanos.
Marín ha criticado que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, no tomaran la palabra en el último pleno celebrado en julio para pedir explicaciones al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, durante su comparecencia sobre la adjudicación de la citada explotación minera.
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