Andalucía es la sexta comunidad autónoma con un saldo fiscal positivo más elevado, un total de 8.531 millones de euros, que suponen el 6,02 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), que es lo que recibe de otras regiones, mientras que en el otro extremo de la tabla, Madrid, Baleares y Cataluña con las regiones que más aportan al resto, un 9,5, un 5 y un 3,75 por ciento de sus respectivos PIB.
Estos datos corresponden a 2012 y aparecen incluidos en el informe 'Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas', difundido este martes por el Ministerio de Hacienda y elaborado a partir de una metodología diseñada por Ángel de la Fuente, Ramón Barberán y Ezequiel Uriel.
El informe, en el que se evalúa la relación entre cargas y beneficios como consecuencia de la incidencia en cada territorio de los presupuestos públicos, muestra que Madrid, Baleares y Cataluña, junto a Valencia, que aporta 1.453 millones (1,48 por ciento del PIB), son las cuatro regiones contribuyentes netas, con unos flujos de salida equivalentes a una media del 5,6 por ciento del PIB. La Comunidad de Madrid tiene un saldo fiscal negativo con el resto del territorio nacional por valor de 19.015 millones de euros, mientras que en Baleares la contribución asciende a 1.330 millones y en Cataluña a 7.439 millones.
En el caso de las regiones receptoras netas, los flujos de entrada equivalieron a una media del 5,5 por ciento de su PIB. En total, los flujos redistributivos entre diferentes regiones ascendieron en 2012 a 26.000 millones de euros, un 2,8 por ciento del PIB de España.
Dentro de las regiones receptoras por orden de peso sobre el producto interior, Ceuta y Melilla recibieron 721 millones, un 24,5 por ciento de su PIB, por delante de Extremadura, que tuvo un saldo positivo de 2.655 millones, un 15,6 por ciento de su PIB. El saldo de Canarias fue favorable por valor de 3.479 millones (8,58 por ciento del PIB), frente a los 1.828 millones de Asturias (8,4 por ciento) y los 3.946 millones de Galicia (7,21 por ciento).
Andalucía, con los mencionados 8.531 millones que recibe, se sitúa por delante de Castilla-La Mancha (6 por ciento, 2.291 millones), Castilla y León (5,42 por ciento, 2.933 millones), País Vasco (2,43 por ciento, 1.562 millones), Cantabria (2,19 por ciento, 270 millones), Navarra (2,09 por ciento, 371 millones), Aragón (1,54 por ciento, 509 millones), La Rioja (0,54 por ciento, 42 millones) y Murcia (0,36 por ciento, 98 millones).
PÉR CÁPITA
En términos per cápita, la comunidad autónoma que más aporta es Madrid, con 2.927 euros por persona, por delante de los 1.192 euros de Baleares, los 984 euros de Cataluña y los 284 euros de Valencia.
Los ciudadanos que más reciben son los de Ceuta y Melilla (4.336 euros per cápita), frente a los 2.401 euros de Extremadura, los 1.704 de Asturias, los 1.642 de Canarias, los 1.423 de Canarias y los 1.158 de Castilla y León.
A continuación se encuentran los 1.085 euros de Castilla-La Mancha, los 1.010 euros de Andalucía, los 713 euros de País Vasco, los 576 euros de Navarra, los 377 euros de Aragón, los 456 euros de Cantabria, los 131 euros de La Rioja y los 66 euros de Murcia.
LOS "MÁS RICOS" APORTAN MÁS
Entre las conclusiones del estudio, Hacienda destaca que, "como cabría esperar, el saldo fiscal tiende a empeorar según aumenta la renta per cápita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficit fiscales mientras que los de menor renta suelen disfrutar de superávits".
Hacienda, que defiende el "esfuerzo notable de transparencia" de este trabajo, que no se publica en ningún otro país, asegura que "los impuestos soportados por los residentes de los distintos territorios aumentan con el nivel de renta, aunque con altibajos significativos que revelan diferencias en niveles de presión fiscal entre territorios, mientras que los gastos no muestran una relación sistemática con esta variable".
También señala que casi el 70% de los saldos fiscales regionales se debe a que en los territorios con mayor renta se pagan más impuestos que en los más pobres, mientras que el 30% restante es "más problemático" y procede de "políticas de gasto, en algunas de las cuales podría haber una mayor discrecionalidad".
