PSOE-A pide el jueves en el Parlamento que la Junta inste al Gobierno a derogar la "ley mordaza"

Publicado: 18/07/2015
Pedirá que la Cámara exprese su rechazo a la citada ley y a todas aquellas medidas que supongan un "ataque a los derechos y libertades públicas de la ciudadanía o representen un retroceso en la calidad democrática"
El PSOE-A defenderá el jueves ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central que derogue la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza".

   En la iniciativa, el PSOE-A pedirá que la Cámara exprese su rechazo a la citada ley y a todas aquellas medidas que supongan un "ataque a los derechos y libertades públicas de la ciudadanía o representen un retroceso en la calidad democrática".

   Para el PSOE-A, las novedades introducidas por la nueva norma "chocan frontalmente con el orden constitucional" y el orden de primero, derechos fundamentales y después, seguridad ciudadana "queda invertido con la entrada en vigor de la 'ley mordaza' al anteponer la seguridad ciudadana sobre el libre ejercicio de los derechos fundamentales".

   Para los socialistas, sin menoscabo de cumplir con la máxima de "sin seguridad no hay libertad para nadie", la nueva ley da paso a un "estado policial, de evidentes reminiscencias de la España predemocrática, donde cualquier ejercicio de derecho o libertad queda supeditado a la seguridad ciudadana".

   El PSOE-A entiende que con esta "perversa interpretación de la Constitución, se puede dar el caso de que con el pretexto de asegurar la convivencia ciudadana y erradicar la violencia, se impidan o se limiten derechos y libertades ciudadanas fundamentales en nuestro país".

   Asimismo, señala que se instaura "un derecho administrativo sancionador preventivo fundado en indicios y sospechas, con una policía a la que se le dota de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción, todo con el fin último de provocar en la ciudadanía el desistimiento del ejercicio de esos derechos fundamentales".

   Además, entiende que las infracciones administrativas contra la seguridad ciudadana contenidas en la Ley "se formulan de una manera poco clara y difusa, de modo que los ciudadanos en muchas ocasiones no podrán saber si lo que hacen es legal o ilegal, provocando de esta forma una absoluta inseguridad jurídica en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales".

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