La defensa del exconsejero de Presidencia de Andalucía y exdiputado Gaspar Zarrías ha presentado un recurso de queja ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el que denuncia la "atípica" forma en la que el juez instructor del caso de los ERE supuestamente fraudulentos de la Junta de Andalucía, Alberto Jorge Barreiro, concretó su imputación por un delito de prevaricación administrativa.
En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Zarrías señala que "no hay precepto alguno" en el ordenamiento jurídico que permita sostener que en una causa especial contra diputados, la resolución en la que un instructor motiva los indicios de delito contra un aforado revista "la atípica fórmula de exposición razonada y no de auto".
El recurso se presenta después de que el magistrado dictara una providencia el pasado miércoles en la que desestimaba tramitar el recurso de apelación presentado por Zarrías, al considerar que contra la exposición razonada, en la que se pedía el suplicatorio para actuar contra el exconsejero, el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, "no cabe recurso alguno".
A juicio del letrado de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, "la exposición razonada sería un acto de comunicación de una previa resolución que necesariamente habría de adoptar la forma de auto, si contiene una valoración sobre indicios de criminalidad". "En nuestro proceso penal, toda resolución motivada por la cual el instructor explicita y razona los indicios existentes contra un imputado es recurrible", señala.
En este sentido, señala que la exposición razonada sobre Zarrías, Chaves y Viera "tienen un contenido material inseparable" con los autos en los que el juez acordaba archivar la causa contra la senadora y exconsejera de Presidencia Mar Moreno y mantener su "competencia" para investigar al también expresidente de la Junta José Antonio Griñán. "A efectos procesales, constituyen una unidad de resolución", defiende.
"LA IMPUTACIÓN ES LA CONDENA"
El escrito también recalca que la elección de una resolución "irrecurrible" tiene "una enorme trascendencia jurídica", ya que es "público y notorio" que los diputados imputados por un delito de prevaricación son "impulsados a abandonar el acta tan pronto se solicita el suplicatorio contra ellos". "La imputación equivale a su condena", afirma.
Desde su punto de vista, "negarle al imputado la posibilidad de cuestionar esta decisión, prohibiéndole el recurso, cuando no exista ninguna norma que diga semejante cosa, y cuando es sabido que dicha decisión tendría graves consecuencias en su vida personal y profesional, es contrario a la interpretación más básica del derecho a la tutela judicial efectiva".
De igual modo, la defensa de Zarrías señala que es "difícil" sostener que el aforado sea "el único ciudadano que deba contemplar inerme su imputación, con la grave repercusión pública y política que tiene tal decisión". "¿Qué grado de garantía suplementaria ofrece este procedimiento, o dónde radicaría el carácter de prerrogativa del aforamiento, si a los aforados se les sitúa en peor condición que a cualquier otro imputado?", se pregunta. "No resulta lógico ni está fundado en ninguna norma", añade.
Por esta razón, esta parte pide a la Sala de lo Penal que obligue al juez Jorge Barreiro a tramitar su recurso de apelación, en el que rechazaba las acusaciones vertidas contra él por el instructor del caso de los ERE y acusaba al juez de convertir en "prevaricadoras" las leyes del Parlamento andaluz que avalaron las ayudas y de someter a juicio las decisiones de la Junta.
El exconsejero también calificaba la instrucción en el Tribunal Supremo de "ineficaz" por no poner en duda los planteamientos de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, con el objetivo de "someter a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta de Andalucía", lo que suponía convertir el sistema judicial penal en "un mero instrumento de política".
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