Andalucía

Susana Díaz advierte de que Andalucía "no va a permitir" una reforma constitucional que vuelva a "antes del 28-F"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha advertido este miércoles que Andalucía no permitirá ningún planteamiento sobre la reforma de la Constitución que suponga "una vuelta atrás, a antes del 28 de febrero" y, con ello, "comunidades a dos velocidades"

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  • Díaz y Espadas. -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha advertido este miércoles que Andalucía no permitirá ningún planteamiento sobre la reforma de la Constitución que suponga "una vuelta atrás, a antes del 28 de febrero" y, con ello, "comunidades a dos velocidades".

   En declaraciones a los periodistas en Sevilla, tras visitar los jardines de la Casa Rosa y al hilo del grupo de expertos que el secretario del PSOE, Pedro Sánchez, va a reunir para abordar la reforma, Díaz ha defendido que Andalucía siempre va a velar por la "igualdad de los ciudadanos en todos los territorios de España", como así lo hizo el 28 de febrero.

   La presidenta andaluza ha subrayado que "cualquier debate sobre la Constitución" debe tener "dos garantías, la unidad de España como algo irrenunciable y la igualdad de todos los ciudadanos" y, tras señalar que la Constitución "puede adaptarse a nuevo tiempo" y "renovarse" porque en algunos aspectos ha quedado "obsoleta", ha advertido de que espera que "nadie pretenda que la reforma suponga una vuelta atrás del 28 febrero y a comunidades a a dos velocidades" porque "Andalucía no lo va a permitir".

REFORMAR EL SENADO

   Por otro lado, en respuesta a una pregunta de los periodistas, Díaz también se ha referido a la reforma del Senado y ha recordado que ya le planteó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que habría que "reformarlo o quitarlo" porque debe convertirse en una "verdadera cámara territorial".

   A su juicio, en el Senado, las comunidades y el Gobierno deberían tener "voz" para que aquel "fuera más útil a la composición del Estado" y para que en la Cámara se pudieran discutir sobre materias cuya legislación básica compete al Estado pero cuya competencia tienen las comunidades autónomas, como es el caso de la Educación.

   De ser así, se evitaría que los gobiernos autonómicos recurrieran tanto al Tribunal Constitucional, al que ahora se acude "como si fuera un órgano de apelación política, lo que no tiene sentido", ha concluido la presidenta.

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