Los servicios sanitarios y sociales de las comunidades autónomas compartirán la información clínica y social de sus pacientes en una única historia sociosanitaria integrada, que podrá ser consultada por médicos y trabajadores sociales autorizados de cara a poder identificar y dar continuidad asistencial a sus problemas de salud y necesidades sociales.
Éste es uno de los objetivos planteados por el Ministerio de Sanidad en el primer borrador de la Estrategia de Atención Socio-Sanitaria al que ha tenido acceso Europa Press, con la que el organismo de Alfonso Alonso busca un "pacto sociosanitario" que desarrolle y consolide la integración de ambos sistemas y "ponga el centro de sus actuaciones en las personas".
El progresivo envejecimiento de la población hará que en el año 2020 más del 20 por ciento de los ciudadanos tengan más de 64 años. Además, para ese año se prevé también que las enfermedades crónicas sean la principal causa de discapacidad o dependencia, lo que obliga a "garantizar la continuidad de los cuidados" entre ambos sistemas.
La estrategia busca primero identificar los ejes fundamentales sobre los que debe girar esta atención para posteriormente, y tras suscribir el citado pacto con las comunidades (que son las que tienen transferidas las competencias sociosanitarias) en el Consejo Interterritorial de Salud y el Consejo Territorial de Asuntos Sociales y Dependencia, desarrollar aquellos aspectos concretos que requieren desarrollos específicos.
Uno de los ejes "fundamental" para la integración de la atención sociosanitaria, según el borrador, son los sistemas de información y, por ello, insisten en la necesidad de poner en marcha "mecanismos y procedimientos para compartir la información sobre el usuario, sanitaria y social, que facilite la toma de decisiones".
INFORMACIÓN "INTEROPERABLE" PARA EL DÍA A DÍA DE SU ATENCIÓN
En este sentido, Sanidad entiende que los sistemas de información deben permitir el registro, seguimiento y evaluación de todo el proceso de atención como "instrumento eficaz del trabajo diario para los profesionales", y que toda la información esté "integrada, interoperable y accesible para su uso" por todos los agentes implicados en el cuidado del paciente.
Así, la historia sociosanitaria integrada de cada paciente permitiría, entre otras cuestiones, identificar problemas de salud; incorporar instrumentos de valoración social y escalas e informes de valoración de dependencia y capacidad funcional; identificar los cuidados, servicios y la atención que reciben; diseñar planes de intervención; supervisar la atención al cuidador, o incorporar documentos de instrucciones previas.
Para facilitar el acceso a todos estos datos, la estrategia recuerda que en la sanidad pública, dentro del sistema de Historia Clínica Digital, ya existen una 'Historia Clínica Resumida' con los datos más relevantes que podría complementarse con los datos sociales para crear una 'Historia Sociosanitaria Resumida' accesible para los profesionales autorizados de ambos sistemas y el propio titular.
UN CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN
Además, el Ministerio propone que esta integración de datos se complete con la creación de un único Código de identificación sociosanitario para cada ciudadano, que proponen que sea el código de identificación personal que se usa en la tarjeta sanitaria, que ya está vinculado a la información clínica electrónica del paciente.
Este código se incorporaría a los registros de Servicios Sociales, y se obtendría de la aplicación de la tarjeta sanitaria individual. Para los cruces iniciales y búsquedas entre las bases de datos se utilizará preferentemente como vínculo el DNI/NIE, que es el más utilizado en el ámbito social.
¿QUIÉN PODRÍA BENEFICIARSE?
Por otro lado, la Estrategia también contempla la necesidad de definir los criterios médicos, funcionales y sociales de identificación de las personas susceptibles de ser incluidas en el ámbito sociosanitario, teniendo en cuenta "el grado de dependencia y la necesidad de cuidados personales, cuidados sanitarios requeridos por su patología y la red de apoyo de la que disponga: familiares, cuidadores y posibilidades económicas".
En virtud de sus necesidades sanitarias tendrían acceso personas con enfermedades crónicas que hayan generado incapacidad funcional severa; discapacidad asociada a enfermedad mental; discapacidad intelectual y alteraciones graves de conducta; incapacidad funcional reversible sin patología previa; atención de cuidados paliativos, y menores con necesidades de atención temprana.
Asimismo, podrían incluirse aquellas personas que tengan una limitación funcional severa para desarrollar actividades, tengan reconocida una dependencia severa o grande (grados II y III) o un deterioro cognitivo moderado (superior a 4); no tengan una red social o de apoyo adecuadas, o su vivienda o entorno no reúnan las condiciones apropiadas para las necesidades del paciente.
LA CARTERA DE SERVICIOS USARÁ LOS YA EXISTENTES
En cuanto a la cartera de servicios, la Estrategia aclara que "no se trata de crear nuevas estructuras sino de utilizar de forma eficiente los recursos existentes más adecuados", según las necesidades de la persona y coordinando el ámbito social y sanitario.
Entre las prioridades deben estar ofrecer un enfoque preventivo de la dependencia y primar el mantenimiento del usuario en su entorno frente a la institucionalización, potenciando por ejemplo la asistencia domiciliaria y la atención clínica y farmacéutica en entornos residenciales.
Asimismo, contempla contar con un sistema previo de valoración integral, social, clínica y funcional de la persona y su cuidador principal que "oriente" la elaboración de un plan individualizado de atención.
Y entre los servicios que deben conformar esta cartera, Sanidad propone contar con programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y del deterioro funcional y la pérdida de la calidad de vida; programas de prevención en consultas médicas o de enfermería; cuidados sanitarios de larga duración; atención sanitaria a la convalescencia; rehabilitación de pacientes con déficit funcional recuperable; cuidados a personas con enfermedad mental y atención a menores sujetos a medidas de especial protección o trastornos graves.
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