El exconsejero andaluz Gaspar Zarrías, inculpado en el caso de los ERE, se ha quejado al Tribunal Supremo de convertir la justicia penal en un instrumento político, en su recurso contra la decisión del alto tribunal de proceder contra él en esta causa.
La investigación judicial de las ayudas en Andalucía "supone convertir el sistema de justicia penal en algo más que un mero instrumento de política criminal, concretamente en "un mero instrumento de política", ha afirmado su defensa en un escrito.
Para Zarrías, la exposición razonada del magistrado instructor del Supremo contra los expresidentes andaluces Manuel Chavez y José Antonio Griñán y dos exconsejeros pretende someter a juicio "las decisiones legislativas de la Junta de Andalucía por las que se 'cebó' la partida presupuestaria para ayudar a miles de trabajadores que se habían quedado sin trabajo".
"Dado que el uso de las transferencias de financiación era incorrecto, de ahí se deriva que su uso era delictivo", ha señalado.
Zarrías no descarta "en absoluto" que en ejecución "de estos planes de política social, ciertas personas hayan cometido irregularidades, y que en ciertos casos (en un número que no alcanzaría al 1 % de los trabajadores beneficiados por las ayudas, como está constatado) se hayan incluido 'intrusos' en la relación de afectados por algún expediente de regulación de empleo".
Pero considera evidente que, más allá de enjuiciar estas irregularidades, "debatir en sede penal un sistema de ayudas sociolaborales que trataba de dar respuesta a unas situaciones críticas por las que atravesaban miles de familias en Andalucía, supone convertir al sistema de justicia penal en algo más que "un mero instrumento de política criminal"; supone convertirlo en un mero instrumento de política".
La defensa de Zarrías recurre el suplicatorio del instructor porque considera que es "una resolución injusta" y porque el instructor no ha presentado ningún elemento objetivo para atribuirle un delito de prevaricación puesto que no dictó como consejero nunca ninguna resolución en relación con la concesión de ayudas sociolaborales.
Sostiene, asimismo, que todo el relato de la exposición razonada se basa en una construcción artificiosa del instructor, y porque el instructor pretende en su exposición razonada someter a juicio penal las decisiones de la junta de Andalucía.
El pasado 25 de junio, el magistrado que instruye el caso ERE en el Supremo pidió que se tramitase el suplicatorio ante el Parlamento para inculpar al expresidente andaluz Chavez y a los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, mientras que también inculpaba a José Antonio Griñán.
El suplicatorio se ha reclamado para todos por prevaricación administrativa y, en el caso de Viera, además por malversación. El instructor ha inculpado también por prevaricación a Griñán, pero no pidió el suplicatorio contra él porque, al no ser ya senador, ha perdido el aforamiento.
Tras conocerse esta decisión judicial, el PSOE anunció que Chaves, Zarrías y Viera habían puesto sus actas de diputados a disposición del partido, que había aceptado su renuncia, pero Viera no ha renunciado finalmente a su acta.
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