T. es madre de tres varones, de 16, 9 y 7 años. Como otras muchas parejas, optaron por la custodia compartida en un convenio regulador tras su separación y divorcio.
Sin embargo, ahora lucha en los juzgados por “el bienestar y la seguridad de los menores”. A través de la prensa y de conocidos supo, a finales de año, que la Policía Nacional había detenido al progenitor en su vivienda, donde presuntamente hallaron (en el cuarto de juegos), más de 1.700 kilos de hachís.
Por ello, en febrero solicitó al juzgado una demanda de modificación de las medidas definitivas “por alteración sustancial de las circunstancias que en su día justificaron las mismas”, consta en el escrito. Y es que tiene miedo, pánico, porque algo le suceda a sus hijos. “Los 15 días que están con el padre paso noches malísimas, pensando en si entra alguien en aquella casa, en busca de dinero o droga...”, cuenta a VIVA, desesperada.
De momento, no hay fecha para la vista. Pero tampoco la hay para otro escrito que presentó el 15 de junio. En él argumenta que su hijo, de 9 años, diagnosticado con autismo infantil y con un 57% de discapacidad reconocida, pueda acudir al Centro de Atención Temprana de Asansull, donde según la madre, el padre se niega a llevar al menor, a pesar de que continuaría recibiendo las mismas terapias que durante el curso escolar.
