Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, se ha opuesto a la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que la juez María Núñez Bolaños divida en piezas separadas la causa al entender que ello "pudiera llevar a resoluciones judiciales distintas, a pesar de haberse juzgado mismos hechos".
En un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias se opone a la formación de piezas separadas de enjuiciamiento, algo que fue rechazado en numerosas ocasiones por la anterior titular, Mercedes Alaya, porque "en modo alguno el principio de economía procesal puede amparar ello".
"Nos encontramos ante la investigación de unos hechos criminales, gestados desde las más altas instancias políticas y administrativas de la Junta de Andalucía, con un único fin, que no es otro que el de tener garantizado un clientelismo político", asevera Manos Limpias, que añade que los 'intrusos' "deben ser enjuiciados junto a aquellos que han tenido esas máximas responsabilidades, pues no se entienden los unos sin los otros".
"SAQUEO DE LAS ARCAS PÚBLICAS"
A su juicio, "estamos ante unos desarrollos delictivos aparentemente muy complejos, pero que en el fondo es muy simple", ya que "se malversa caudal público para obtener beneficio político", indicando que "también es cierto que, dentro de este saqueo de las arcas públicas, también se han beneficiado intermediarios y asesores", todos los cuales "han de ser juzgados conjuntamente" a fin de "poner en evidencia la gravedad y consecuencia de los hechos cometidos".
Todo ello "ha de ser investigado y juzgado en un único procedimiento", considera Manos Limpias, que rechaza, tal y como defiende la Fiscalía, que "se vaya a obtener una economía procesal mediante la fragmentación de la causa", pues ello "nos pudiera llevar a resoluciones judiciales distintas, a pesar de haberse juzgado" los mismos hechos.
Asimismo, y por medio de una nota de prensa, Manos Limpias ha criticado las "maniobras torticeras para tratar de ningunear a la juez Mercedes Alaya, que está llevando una instrucción impecable en el procedimiento de los ERE", y ha aseverado que "en modo alguno van a conseguir la fragmentación del procedimiento, cuyo único objetivo es el de tratar de minimizar y de diluir responsabilidades".
Manos Limpias se ha pronunciado de este modo después de que, en una providencia fechada el pasado 19 de junio, la juez María Núñez Bolaños pidiera a las partes que, en un plazo de cinco días, "aleguen lo que a su derecho convenga" sobre la petición de división planteada por el Ministerio Público.
LA PETICIÓN DE ANTICORRUPCIÓN
En un escrito, el Ministerio Público pide a Núñez Bolaños que divida la causa en tres grandes bloques, como son uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otro con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque que incluiría más de 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
La Fiscalía entiende "procedente someter de nuevo a la consideración de la magistrada la formación en la presente causa de piezas separadas de enjuiciamiento, tal y como se pidió por última vez en fecha de 25 de noviembre de 2014", y ello "como consecuencia" del auto del pasado 27 de abril en el que el TSJA devolvió al Juzgado la causa contra cuatro exconsejeros que han dejado de ser aforados.
En este auto, el Alto Tribunal andaluza señalaba que "las presentes diligencias previas han de remitirse al Juzgado de Instrucción número 6 para que, con libertad de criterio, prosiga su tramitación, sin perjuicio de reiterar la conveniencia y razonabilidad de dividir la causa general en piezas separadas", dicen los fiscales, que aseveran que los argumentos vertidos por el TSJA "cobran de nuevo más fuerza" tras una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 3 de junio de 2015 "en la cual se hace una detallada exposición de la conveniencia de la formación de piezas separadas".
EL SUPREMO APOYÓ LA FORMACIÓN DE PIEZAS SEPARADAS
Al hilo de ello, Anticorrupción recuerda, igualmente, que la división en piezas separadas "ya fue mencionada" por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en el auto del 13 de noviembre de 2014, en el que abrió la causa contra los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves y los exconsejeros José Antonio Viera, Mar Moreno y Gaspar Zarrías.
La Fiscalía, que recuerda que es la cuarta vez que realiza esta petición, interesa formar un primer gran bloque que incluiría el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, que incluiría el análisis de la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales, la encomienda de Gestión de 2010, o la competencia para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales.
Este bloque también incluiría la asunción generalizada por la Junta de la obligación del empresario de abonar las prejubilaciones de sus trabajadores despedidos colectivamente, así como el procedimiento de financiación y contable del IFA-Idea en el ámbito de los programas 22E y 31L, sobre "Administración de Relaciones Laborales".
SOBRECOMISIONES
De igual modo, propone la formación de un bloque relativo a las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, el cual estaría "ceñido a la determinación y destino de las cantidades que no se corresponden con el pago de las pólizas de las ayudas, a las que habría que sumar las cantidades percibidas directamente de IFA/IDEA o de perceptores de las ayudas".
Por último, pide que se forme un bloque de piezas, que estaría compuesto por más de 200 relacionadas con las empresas "que se han visto beneficiadas de cantidades de dinero procedente de fondos de la Junta sin sujeción a procedimiento alguno u obviando los más elementales", e igualmente sin sujeción a "los principios de publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta".
Anticorrupción recuerda que el informe elaborado por la Intervención General del Estado en diciembre de 2013 recoge informes relativos a 39 ayudas donde se enumeran "de forma clara" los indicios de hechos delictivos "que requieren de una respuesta de la instrucción y de esta Fiscalía, de la petición y adopción en su caso de medidas que permitan asegurar no sólo que se pueda perseguir a los presuntos autores de los mismos, no dejando que sus conductas puedan quedar impunes sino recuperar la máxima cantidad de dinero presuntamente malversado".
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