La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, indicó que “lo que debe hacer” el ente estatal es “cumplir la sentencia” que rechazaba la declaración de ruina y, en base a la cual, el Gobierno local requirió el 5 de marzo la ejecución “inmediata” de las obras precisas para dotar al edificio de las debidas condiciones de seguridad, de acuerdo al Reglamento de Disciplina Urbanística que el Invifas “ha incumplido desde 1999”.
Entre las obras requeridas, se incluían los desperfectos por los que el Invifas justificaba la declaración de ruina. Es decir, el Consistorio se basa en informes del propio organismos para reclamar el acondicionamiento de las viviendas. Para ello, el equipo de Gobierno le concedió un plazo de tres meses, dos de los cuales ya se han cumplido. De persistir el incumplimiento, el Ayuntamiento no duda en expropiar las fincas.
La acción municipal por mantener estos inmuebles se remonta a 1999 cuando se realizó los primeros requerimientos, que fueron reiterados hasta 2003. En 2004, se inició el expediente de ITE, a raíz del que el Invifas solicitó la declaración de ruina que fue rechazada por el Consistorio en dos ocasiones. En 2005, el ente estatal llevó el caso a los tribunales, que se pronunciaron a favor del Consistorio en marzo de 2008.
Según el concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, “el Ayuntamiento ha puesto en marcha todas las medidas que tenemos en nuestras manos para instar al Invifas a que arregle las viviendas, pero hasta el momento han venido haciendo caso omiso. Lo que tienen que hacer es cumplir con su obligación para que los vecinos no sufran las consecuencias”.
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