El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no es partidario de abrir el debate sobre la financiación autonómica en la recta final de la legislatura, en un momento político electoral.
Así lo ha manifestado al ser preguntado, en una conversación informal con periodistas, si va a iniciar ese debate después de que el pasado mes de febrero situara esa discusión tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo.
En concreto, el 18 de febrero el ministro puso fecha a la apertura de ese debate al afirmar en el Pleno del Congreso que "superadas las elecciones autonómicas y municipales" de mayo "y con la recuperación económica encarrilada", habrá una financiación "que garantice la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos".
NO DA TIEMPO
El ministro considera ahora que no hay "tiempo material" para debatir este asunto en lo que resta de legislatura. Es más, cree que no es el momento político más propicio al estar ya inmersos en precampaña electoral.
Montoro ha señalado que su Departamento en lo que está centrado ahora es en la preparación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, cuyo primer paso es la aprobación del techo de gasto antes de las vacaciones de verano para que pueda pasar por ambas cámaras antes de ser enviado a Bruselas.
Al ser preguntado por la posibilidad de que ese debate se abra en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará a finales de julio, ha indicado que en muchos casos ese encuentro será una primera toma de contacto para conocerse tras la renovación que se ha producido en algunos Ejecutivos autonómicos.
LOS NUEVOS GOBIERNOS DEBEN CUMPLIR LA LEY
En este punto, ha avanzado que aprovechará ese encuentro del CPFF y el de la Comisión Nacional de la Administración Local (CENAL) para trasladar el mensaje de que tantos los nuevos gobiernos autonómicos como municipales deben cumplir la ley y seguir con la política de reducción del déficit.
"La democracia es cumplimiento de la ley, empezando por los gobernantes", ha manifestado en ese encuentro con los periodistas en el pasillo del Congreso, después de que la nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmara que podría desobedecer normas que consideren injustas.
Montoro ha recordado que podrían incurrir en prevaricación por incumplir la ley a sabiendas de que deben hacerlo. Al ser preguntado cuáles serían las consecuencias, ha señalado que esos cargos podrían acabar inhabilitados y ha añadido que esas consecuencias también pueden afectar a los funcionarios públicos que tienen que ejecutar las órdenes, entre los que ha citado a los interventores municipales.
