La juez Mercedes Alaya ha suspendido 'sine die' las declaraciones previstas para esta semana de los cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía imputados dentro de la causa donde se investigan las ayudas, préstamos y avales concedidos a empresas por IDEA debido a que la Junta no ha aportado "absolutamente nada" de la documentación reclamada desde hace más de un año, todo ello al mismo tiempo que ha anunciado que "la toma de declaraciones podrá ampliarse a personas que recientemente han perdido la condición de aforados".
La magistrada, debido a esta "ausencia de aportación por parte de la Junta de Andalucía de la documentación requerida", ha decidido suspender 'sine die' las declaraciones previstas para esta semana --del martes al viernes-- del exdirector general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, del exviceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Jesús María Rodríguez, del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler y del exsecretario general de la Consejería del ramo Juan Francisco Sánchez García.
Según el acta de la comparecencia de Jacinto Cañete, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez relata que fue el 17 de marzo de 2014 cuando, por medio de un auto, reclamó a la agencia IDEA que aportara los expedientes de préstamos, ayudas en garantía sobre préstamos y avales concedidos por IFA/IDEA desde el año 2003 hasta la actualidad, "contestándose el 25 de junio de 2014 por IDEA que precisaba cuatro meses más para la aportación de la documentación requerida habida cuenta el volumen de la misma y de que se encontraba distribuida en distintas dependencias".
Alaya añade que, "transcurrido dicho plazo, el 29 de octubre de 2014, el juzgado, mediante providencia, requirió dicha documental nuevamente, siendo aportada por IDEA 15 cajas de embalaje más el desplegable requerido", pero "ni los expedientes eran todos los que se pedían ni el desplegable estaba completo".
"ABSOLUTAMENTE NADA"
Además, asevera que por medio del auto dictado el 24 de febrero de 2014, en el que imputó a los cuatro exaltos cargos citados, "se acordó la práctica de una extensa documental, la cual fue requerida a la Junta mediante mandamiento de dicha fecha, sin que a día de hoy se haya aportado absolutamente nada".
A petición de la Fiscalía, y mediante escrito de 20 de abril de 2015, "se ponía de manifiesto los diferentes expedientes en número de 37 que aún faltaban por aportar por la Junta, concretamente por IDEA", tras lo que el 27 de abril la juez "requirió el cumplimiento de la documentación cuya práctica fue acordada por auto de 24 de febrero, habiéndose entregado estos dos últimos mandamientos" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "sin que hasta la fecha se tenga la menor noticia de su cumplimentación".
De este modo, y "siendo absolutamente necesario para la prosecución de la presente causa, tanto para la toma de declaraciones como para la práctica de la pericial ordenada, teniendo en cuenta que la toma de declaraciones podrá ampliarse a personas que recientemente han perdido la condición de aforados", requiere a la UCO para que "de inmediato dé cumplida cuenta de la entrega de los recordatorios a la Junta para la cumplimentación de la mencionada documental en el plazo señalado o manifieste dicha Administración autonómica las razones que le han impedido presentarla".
ADVIERTE A LA JUNTA DE UN DELITO DE DESOBEDIENCIA
"Si efectivamente transcurriera el plazo desde el requerimiento a la UCO y no se cumplimentara la entrega de la documentación o se manifestara justa causa para hacerlo, se requerirá al gabinete jurídico de la Junta y a la dirección de IDEA, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, para que de inmediato entregue la documentación que desde hace un año se le viene requiriendo", concluye Alaya.
Fue en enero de 2014 cuando la magistrada acordó abrir estas nuevas diligencias previas, derivadas de los ERE irregulares, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la apertura de un procedimiento penal independiente sobre la "actuación aparentemente fraudulenta" de IFA/IDEA en la concesión de ayudas a empresas "bajo el paraguas formal de avales, préstamos y garantía de préstamos".
No obstante, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando la juez retomó la causa con un auto en el que imputó a estos cuatro exaltos cargos --también imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares-- por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
